Existen determinados términos que, a fuerza de ser muy utilizados, pierden el sentido o buena parte de la trascendencia de su contenido. Desde hace años, los entornos profesionales defendemos la importancia de mantener los sistemas de seguridad que preservan de los riesgos para la ciudadanía. Seguridad: he aquí una impactante (y devaluada) palabra. Si acudimos al diccionario, encontramos que las tres primeras acepciones de esta cualidad resultan así de inapelables: “libre y exento de todo peligro, daño o riesgo”; “cierto, indubitable y en cierta manera infalible”; “firme, constante y que no está en peligro de faltar o caerse”. Y en el resto de definiciones aparecen términos como “certeza”, “confianza”, o se hace referencia a los condicionantes que impiden el funcionamiento indeseado de los aparatos.
La preocupación por los sistemas de seguridad se encuentra presente en el ejercicio de las profesiones (resulta evidente en el ámbito sanitario, de la arquitectura, de la ingeniería…). Sin embargo, en un abanico temporal de cuatro años, los profesionales hemos contemplado una serie de aproximaciones del Ejecutivo, en el marco de los primeros borradores dela LeyÓmnibus hasta la difusión de los últimos planteamientos de la futura Ley de Servicios Profesionales, que justifican la preocupación existente sobre el futuro de los sistemas de control de la seguridad.
Como decimos, la garantía de la seguridad constituye el eje angular de cualquier ejercicio profesional. En el ámbito concreto de la ingeniería, en el que nos centraremos en el presente artículo, esta necesidad resulta tan obvia que, precisamente por ello, se muestra invisible a los ojos de los que no son expertos. Resulta imposible condensar en un artículo el alcance del desarrollo histórico de las ramas de la ingeniería, parejo a la espectacular evolución de la tecnología, y fundamentado en la necesidad de dar respuestas eficientes a requerimientos técnicos, bajo condicionantes de máxima seguridad. La existencia de las denominadas ramas clásicas dela Ingeniería(Aeronáuticos, Agrónomos, Caminos, Canales y Puertos, ICAI, Industriales, Minas, Montes, Navales y Telecomunicaciones) no obedece a una extravagancia de otros tiempos (ignorada de manera inconsistente en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior), sino a esta necesidad de acotar y profundizar en determinados ámbitos tecnológicos. Un planteamiento que ha funcionado bien, como corrobora la historia, y que choca frontalmente con ese principio descabellado de “la base común de conocimientos” que, según los responsables del Ejecutivo, eliminaría determinadas “restricciones” al reconocer a todos los ingenieros idénticas facultades para realizar cuantas funciones le atribuya la normativa vigente a cualquiera de las ramas.
En el caso de la ingeniería industrial, con un ámbito competencial muy extenso, el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales, en un esfuerzo por delimitar y esclarecer la realidad de nuestra función para la sociedad, elaboraba hace un par de años un listado con 31 actividades profesionales desarrolladas por esta ocupación regulada. En ese extenso documento se justificaba la reserva de actividad del ejercicio profesional en materias como las centrales de generación eléctrica, las líneas de alta tensión, instalaciones frigoríficas, aparatos de elevación, reformas en automóviles, prevención de riesgos laborales, protección contra incendios, almacenamiento, carga y descarga de productos químicos, equipos a presión y un larguísimo etcétera que resulta abrumador. ¿Resulta necesario justificar, en los ámbitos que se citan, que establecer sistemas de control de los profesionales y de los trabajos asociados supone la protección de intereses públicos como la vida y la integridad física y, en términos generales, garantizar la seguridad en la amplia acepción de este término? Pues parece ser que es así: recuerdo ahora las palabras de un profesor dela Escuelade Ingenieros de Sevilla, ya desaparecido, cuando se refería a la imposibilidad de cerrar por completo o generalizar de forma universal el final de la demostración de un teorema matemático. Existe un punto de “obviedad” que no se puede superar; la falta de visión en esa ubicación no se puede corregir.
El problema de hacer referencia a los planteamientos de seguridad en actuaciones que los ciudadanos suponen que están perfectamente controladas es poder hacer llegar un mensaje no alarmista, pero sí preocupante, sobre lo que pueden acarrear resoluciones carentes de una base adecuada de información. La sociedad no se siente amenazada directamente por problemáticas del área industrial o tecnológica: realmente son pocas las noticias que recibimos al respecto si las comparamos con el resto. Pero cuando se producen hechos de gravedad, ocupan de inmediato las portadas y encabezados de los informativos: no hay que acudir a las hemerotecas para recordar el impacto de roturas de balsas, incendios de industrias, explosiones, intoxicaciones alimentarias… En esos momentos es cuando la ciudadanía siente inquietud y se pregunta, quizás tímidamente, si existen grietas en esa invisible red de la seguridad, cuya existencia da como segura. Sin embargo, si esa problemática es transmitida por los propios profesionales, en un ejercicio de responsabilidad y de previsión, a través de sus Colegios y Asociaciones, surgen voces que denuncian este planteamiento “apocalíptico” y lo sustentan en una defensa de determinados estatus y condicionantes de privilegio.
Resultaría arduo, farragoso y quizás incomprensible para un lego en la materia entrar a analizar el descalabro que supondría la materialización de los principios centrales de los que hemos tenido conocimiento de esa futura Ley de Servicios Profesionales a la que hacíamos referencia anteriormente. Sin embargo, podemos establecer símiles muy razonables, con situaciones muy cercanas a nuestra vida cotidiana: pensemos en la desregularización de la obligación del carnet de conducir o en la falta de control de la capacitación de conductores profesionales o pilotos. Por no entrar en los símiles en el ámbito dela Medicina, con una división en especialidades que guarda elementos comunes con la necesaria diferenciación de las ingenierías en ramas.
Pues bien, un año y medio después de que se difundieran los primeros borradores, y a pesar de la defensa razonada y razonable realizada al respecto, volvemos a encontrarnos encima de la mesa con las mismas amenazas. Ataques no contra corporaciones profesionales (amparadas, por cierto, porla Constituciónespañola) sino dirigidas directamente al centro de gravedad que constituye la seguridad en nuestra sociedad.
Sería recomendable que el Ejecutivo reflexionase seriamente sobre la cuestión y, en efecto, abordara la reserva de actividad en términos en los que todos los agentes coincidimos: con un carácter obligatorio cuando existe un riesgo real, grave y directo para el interés público. Exijamos entonces que el prestador de servicios haya adquirido la formación específica necesaria y esté habilitado profesionalmente. Eso es cumplir con las condiciones de proporcionalidad que recoge, de forma muy acertada,la LeyÓmnibus. Y, alcanzando ese punto de trivialidad al que llegamos cuando nos encontramos con algo que es evidente, apliquémoslo en las actividades profesionales correspondientes. La ingeniería no puede quedar excluida.
Cerraremos este artículo, con el que iniciamos un conjunto de colaboraciones que profundizarán y ampliarán algunas de las ideas meramente enunciadas en el presente, “volviendo nuestros ojos” hacia esta Ley Ómnibus, que encomendaba a los Colegios, como fin esencial de su existencia, “la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales”. Grandes principios que no se pueden aplicar si, con un giro de 180 grados sobre este planteamiento, el legislador los vacía de contenido en el área crucial de la seguridad.
Miguel Ángel Pino Mejías, Secretario Técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental
