En los últimos meses se esta hablando mucho de la recesión económica motivada, entre otros factores, por el parón en el sector de la construcción. Este sector, que había sido uno de los motores del crecimiento económico de la fase expansiva del ciclo que comenzó allá por el 1994, está empezando a dar señales de debilidad y destruyendo empleo. Aún así, la demanda de vivienda sigue existiendo, lo que pasa es que, sobre todo, el suelo, sigue estando a unos precios inalcanzables y las condiciones financieras y de riesgo no son las de antaño. Uno de los retos que se plantea el nuevo gobierno autonómico para reactivar este sector y para atender la demanda social de vivienda asequible como un derecho, es el futuro Plan de Vivienda basado entre otros pilares en la construcción de vivienda protegida. La idea es buena, e incluso, con una ordenación del sector, pudiera ser interesante para los promotores. Mi preocupación es, cuál va a ser aquí el papel de la principal propietaria de suelo, es decir, las Administraciones Públicas Locales. Las cuales, como todos los poderes públicos que se precien, quieren satisfacer las demandas de su cuidananía, entre ellas el derecho a una vivienda digna. Pero también han tenido que utilizar sus PGOUs y su suelo para equilibrar unos presupuestos con cada vez mayores gastos y menores ingresos.
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales circunscriben a éstas una serie de competencias básicas como obligatorias. Pero realmente tanto los Ayuntamientos como las Diputaciones Provinciales a demanda de sus administrados han asumido otras que han considerado necesarias pues las Administraciones que las tienen no las ofrecen con la eficiencia que da la cercanía a la cuidananía, que se ha acostumbrado a acudir no a la Administración Autonómica o a la Estatal sino a su Administración Local para demandar unos servicios que la misma ha ido ofreciendo muchas veces sin una planificación previa. Las corporaciones locales han afrontado retos como la vivienda, el empleo y los servicios sociales entre otros, sin ser estrictamente sus competencias, y sin recibir financiación estructural de las Administraciones que sí la tienen. Entonces, como han pagado la prestación de éstos servicios. Pues la financiación de las Administraciones Públicas Locales es muy sencilla: una tributación mínima, y que además incide muy directamente en el desarrollo de sus localidades, trasferencias estructurales de otras administraciones públicas, subvenciones para programas y proyectos puntuales que han ido pidiendo a veces de forma pedigüeña los responsables políticos locales por las ventanillas de otras administraciones y finalmente, su suelo. Aunque el tema urbanístico ha creado muchos problemas pues ha servido para el enriquecimiento ilícito de una minoría. Pero por otra, han financiado gastos corrientes que se han ido consolidando, a través de ingresos puntuales de un patrimonio limitado.
Entonces, díganme cómo van a afrontar las Administraciones Públicas Locales los nuevos retos que se plantean en Andalucía como la vivienda protegida, la implantación de la Ley de Dependencia y Autonomía Personal, el fomento del empleo, la lucha contra el cambio climático y otros retos del nuevo Estatuto. Y todo esto, con un urbanismo responsable y pidiendo a los Gobiernos Locales que cedan suelo para la promoción pública. Sólo veo una vía, que es una descentralización real de competencias de gasto y de transferencias estructurales de ingresos. Además de pedir a la Administración Estatal la famosa deuda histórica, hay que salvar la segunda deuda histórica con las Administraciones Públicas Locales. Porque hay que saber pedir, pero también hay que saber dar y esto es mucho más complicado.
