Partiendo de que las políticas de desarrollo local son algo contrastado y aceptado por la mayoría de los agentes implicados. Sin embargo, poco han evolucionado en su consolidación con relación a sus comienzos en Andalucía allá por los años 80. Y la principal causa en mi opinión de esta falta de consolidación es precisamente la escasa planificación a largo plazo que va unida necesariamente a la inestabilidad tanto de los programas, como de su financiación. Hecho que provoca la falta de estabilidad en el empleo de los profesionales que nos dedicamos a estas cuestiones, y que provoca una situación que se va agravando a medida que pasa el tiempo. Por todo ello, en el presente artículo me gustaría reflexionar y describir cuales son las principales causas de esta falta de estabilidad y analizar posibles soluciones que siempre y eternamente están puestas en las mesas de las personas que tienen que tomar esas decisiones.
Para empezar, la primera responsable que tiene que apostar por esta estabilidad es sin duda la Junta de Andalucía. Puesto que si entendemos que las principales políticas de desarrollo local son las relacionadas con el empleo y la promoción económica. Son los organismos dependientes de la Junta, especialmente el Servicio Andaluz de Empleo los responsables de asumir la estabilidad de éstos servicios, que son jurídicamente competencias autonómicas reconocidas. Aunque en un principio las transferencias de las políticas activas de empleo a la Junta, fueron una esperanza para la consolidación de estos servicios en el tiempo. Al día de hoy podemos decir, que aunque se ha avanzado en el tema del desarrollo rural a través de la creación de estructuras estables como las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLTs) y Fundación Red Andalucía Emprende, no podemos decir lo mismo con relación a las grandes ciudades que quedan al margen de estos programas. Y por otra parte, los programas más relacionados con la orientación y el empleo que aunque financiados por la Junta de Andalucía, son gestionados a través de entidades públicas y privada a partir de convocatorias de subvenciones, no tienen una estabilidad en el tiempo. Puesto que la mayoría de las entidades subvencionadas no tienen capacidad financiera suficiente para mantener las estructuras creadas entre convocatoria y convocatoria que generalmente no se solapan como son el caso de los Programas Andalucía Orienta, las experiencias mixtas y las escuelas taller, talleres de empleo, etc.
Otra cuestión pendiente que debe de asumir la Junta de Andalucía es la tan traída y llevada segunda descentralización a las Administraciones Públicas Locales, descentralización básica para las competencias en desarrollo local, puesto que no existe un mandato expreso normativo que especifique que las políticas de empleo y desarrollo económico son competencias de los ayuntamientos y diputaciones provinciales. Aún así, las mismas están asumiéndolas principalmente porque es una demanda básica de la cuidananía. Pero sobre todo, si tenemos en cuenta la definición de desarrollo local, no de regional; porque no es otra que la Administración local la que debe de asumir estas competencias. Aún así, la falta de transferencia de gasto, también lleva aparejada una falta de transferencia financiera que permita la estabilidad en el tiempo de las estructuras creadas al efecto. Sin mencionar que en ciertos caos estas subvenciones llegan a las Administraciones Públicas Locales por criterios diferentes a los técnicos.
Otra cuestión, es la implicación de los sindicatos. Pues los mismos, como agentes sociales que son, tienen una responsabilidad de clase, y no sólo con la mayoría de sus personas afiliadas. La dificultad de definir el perfil de un o una profesional del desarrollo local con la Relación de Puestos de Trabajo, o entender que las políticas de desarrollo local deben de realizarse con una gestión indirecta más flexibles; dificulta el apoyo a la estabilidad en el empleo de los y las profesionales que se dedican al desarrollo local. De esta manera, éstos se convierten en empleados/ as de segunda clase dentro de las Administraciones Públicas Locales, con menos derechos y lo que es más importante no entendidos por sus representantes sindicales que eligen. En definitiva, la estabilidad en el empleo de los y las profesionales del desarrollo local, así como de las estructuras en las que trabajan y los servicios que ofrecen son una responsabilidad de todos y todas. Si se tiene un discurso real de apuesta por el modelo de desarrollo local, no se puede entrar en estas contradicciones en las que hemos estado en los últimos 30 años. Y sobre todo en una doble moral en la que se incurre cuando se pretende mejorar la empleabilidad y la calidad en el empleo de la ciudananía, siendo ésta una responsabilidad de un personal que precisamente no disfruta de estos derechos.n
