Después del 27 de mayo se ha dado el pistoletazo de salida para la configuración de las nuevas corporaciones locales: Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Mancomunidades de Municipios. Es la hora de planificar y poner en marcha los programas de los nuevos gobiernos que se constituyen, para mejorar lo que se ha realizado tanto por los partidos que repiten como por los que asumen nuevas responsabilidades de gobierno. Y por ello, me gustaría detenerme en las políticas de desarrollo local, donde en mi opinión, se da una doble paradoja. Por una parte, su principal objetivo, el empleo, es percibido por la ciudadanía como una de sus primeras prioridades en las encuestas del CIS; pero, sin embargo, en el ámbito de gestión no termina por consolidarse dentro de las estructuras administrativas de las Administraciones Públicas Locales, debido principalmente a cuatro factores:
1. No existe un mandato normativo que especifique que las políticas de desarrollo local sean competencia básica municipal. Ni en la Ley Reguladora de las Administraciones Públicas Locales, ni en otra posterior, existen unos preceptos legislativos que expongan claramente estas políticas sean competencia básica de las Administraciones Públicas Locales y por lo tanto, tampoco se reciben transferencias financieras estructurales con esta finalidad de otras Administraciones. Pero sin embargo, desde el punto de vista legislativo tanto a través del principio constitucional de autonomía local, como en la misma Ley Reguladora, implícitamente se contempla que las Administraciones Públicas Locales deben de realizar todas aquellas políticas encaminadas a lograr el bienestar de su ciudananía, entre ellas las de desarrollo local. En la realidad, los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales sólo reciben trasferencias puntuales de otras Administraciones: autonómica, estatal y la Unión Europea, para la gestión de programas temporales relacionados con el desarrollo local. De ésta manera, tanto su personal como sus programas dependen de las subvenciones con carácter coyuntural que reciben de otras Administraciones, no existiendo la posibilidad de una programación a largo plazo de los servicios ofrecidos.
No existen unos mecanismos consolidados de coordinación y participación. Las políticas de desarrollo engloban una serie de competencias interrelacionadas como son el empleo, la formación, la promoción e información económica, turística, el apoyo a las pymes, la planificación estratégica, etc. Tanto en la Administración Central como en la Autonómica, éstas están distribuidas por diferentes organismos, pues existen recursos para ello y en ocasiones para una gestión más eficaz se hace necesaria una cierta descentralización, aunque también deben de existir unos mecanismos de coordinación que garanticen una estrategia coherente y aproveche las sinergias. Pero, sin embargo, cuando hablamos de desarrollo local gestionado por las Administraciones Locales en primer lugar nos encontramos con una escasez de recursos y, en segundo lugar, no existen razones técnicas operativas que justifiquen una distribución de competencias por diferentes organismos municipales, y menos cuando no hay establecidos mecanismos de coordinación. El modelo de desarrollo de un territorio debe de tener en cuenta una planificación integral y con la participación e implicación de la sociedad civil mas allá de la elección de sus representantes políticos cada cuatro años.
No existe un perfil profesional definido. Las labores del desarrollo local entrañan multitud de tareas relacionadas con los itinerarios de empleo a personas desempleadas, el asesoramiento empresarial, la promoción económica, etc. Éstas están a su vez relacionadas con diferentes perfiles académicos: psicología, economía, administración de empresas, trabajo social, relaciones laborales, pedagogía, etc. Este hecho, unido a la falta de implicación de los movimientos sindicales, dificulta la definición de perfiles y relación de puestos de trabajo y no ayuda a la consolidación de estas profesiones con unos contratos laborales inestables y muchas veces sujetos a valoraciones subjetivas.
La necesidad de una gestión flexible. En ocasiones la rigidez del procedimiento administrativo no se adapta a las necesidades de respuesta inmediata que necesita el modelo. Aunque dentro del ordenamiento jurídico existen fórmulas que permiten una gestión directa, sin perder su control político y administrativo como son el caso de sociedades de desarrollo, patronatos, organismos autónomos, etc.
En definitiva, partiendo de que las políticas de desarrollo local son una necesidad demandada por la ciudadanía a las Corporaciones Locales; éstas deben de realizar una apuesta por las mismas, realizando una gestión más ágil, coordinada, participativa, con una dotación presupuestaria suficiente y con un personal estable y profesionalizado. Pero para ello también se hace necesaria esa tan traída y llevada segunda descentralización administrativa que en ocasiones tanto trabajo le cuesta reconocer a la Administración Autonómica.
