1977 supone un año trascendental en el proceso de transición política hacia la democracia en España. Los dos acontecimientos fundamentales de ese año son la celebración de las primeras elecciones democráticas el 15 de junio, ganadas por la Unión del Centro Democrático (UCD): 166 diputados y 106 senadores; y la firma de los Pactos de la Moncloa, el 25 de octubre. Ambos acontecimientos se influyeron mutuamente y contribuyeron decisivamente al acertamiento de la democracia y a la aprobación de la Constitución en 1978. El 4 de julio, Adolfo Suárez, nombra su gobierno en donde sobresale el área de economía, dirigida por Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente económico; Francisco Fernández Ordoñez, ministro de Hacienda; Alberto Oliart, ministro de Industria y Energía y Juan Antonio García Diez, ministro de Comercio y Turismo.

Entre los días 8 al 21 de octubre de 1977 se reunieron en el Palacio de la Moncloa el Presidente del Gobierno y miembros del Gobierno con los representantes de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputado. El primer aspecto en el que se pusieron de acuerdo fue en el diagnóstico de la situación económica del país, calificada como grave debido a la confluencia de diversas crisis. La economía española atraviesa una profunda crisis económica, caracterizada por tres desequilibrios fundamentales: a) Una persistente y aguda tasa de inflación; b) un desarrollo insatisfactorio de la producción con una caída importante de las inversiones, lo que genera una eleva tasa de paro; c) un fuerte desequilibrio en los intercambios con el extranjero. Estos desequilibrios de la economía española se produce en un contexto económico de crisis internacional.

Todos los partidos políticos presentes en la reunión coincidieron con el Gobierno en la necesidad de una serie de medidas monetarias, financieras y de empleo, predominantemente a corto plazo que permitieran restablecer en un periodo de dos años los equilibrios fundamentales de la economía española, aminorando la inflación, reduciendo el paro y mejorando la situación de la balanza de pagos.

Los representantes del Gobierno y los diversos partidos políticos con representación parlamentaria manifiestan su preocupación ante esta situación y su deseo de afrontar y resolver constructivamente esos problemas en un clima de cooperación responsable que contribuya a la consolidación de la democracia. Para ello, acuerdan llevar a cabo dos grandes macroacciones; a) las dirigidas a equilibrar la economía con actuaciones a corto plazo y b) las encaminadas a la realización de importantes reformas que encaucen la economía y la sociedad española hacia un futuro de libertad y progreso.

El equipo que elaboró el informe, coordinado por Fuentes Quintana, estuvo formado por Raimundo Poveda, Blas Calzada, José Luis Leal. También contó con la colaboración de Juan José Toribio, Matías Rodríguez Inciarte y Julio Alcaide. Con el documento de Fuentes Quintana como base, se redactor el informe final en el que participaron Fernando Abril Martorrel (Vicepresidente del Gobierno), Manuel Lagares (Subsecretario de Economía), Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), Ramón Tamales (PCE) Joaquín Leguina (PSOE), Laureano López Rodo (AP) y Fernando Morán (PSP). El 25 de octubre de 1977 se firman los Pactos de la Moncloa. Los protagonistas son Adolfo Suárez, Felipe González, Joan Reventós, José María Triginer, Manuel Fraga Iribarne, Enrique Tierno Galván, Juan Ajuriaguerra, Miquel Roca, Leopoldo Calvo Sotelo y Santiago Carrillo.

Estas medidas y acciones se concentran en los siguientes ámbitos y contenidos: a) política de saneamiento económico; b) reforma fiscal; c) perfeccionamiento del control del Gasto Público; d) Política Educativa; e) Política de urbanismo, suelo y vivienda; f) Reforma de la Seguridad Social; g) Reforma del Sistema Financiero; h) Política agrícola, pesquera y de comercialización; i) Política energética y estatuto de la empresa pública y j) Criterios para la adaptación de las instituciones autonómicas.

Era evidente que si los problemas económicos no encontraban ni planteamientos, ni respuestas políticas eficaces, si la actuación del Gobierno no atendía a la agenda de preocupaciones de la sociedad, traduciéndolos en programas coherentes aplicados efectividad, la legitimidad del régimen democrático se iría erosionando hasta afectar a la propia continuidad del mismo.

Los efectos de los Pactos de la Moncloa se manifestarán en dos frentes pretendidos por su negociación: el económico y el político. Desde el punto de vista económico esos efectos se registran en tres direcciones: en la mejora sustancial de los equilibrios de la economía, en el restablecimiento del equilibrio de las empresas y en la iniciación y realización de importantes reformas estructurales de nuestro sistema económico.

La inflación que superaba en los meses centrales de 1977 el 40 % (con un diferencial de inflación respecto de la OCDE de más de 14 puntos porcentuales), cerraba el ejercicio con un 26,4 % para situarse un año después en el 16 %. Asimismo se recuperaba el equilibrio exterior de la balanza de pago por cuenta corriente; el déficit, que apuntaba a mediados de 1977 a unos temidos números rojos de 5.000 millones de dólares, se quedaba al final en menos de la mitad: 2.164 millones dólares, obteniéndose unos superávit en los años 1978 y 1979 que permitían la reconstrucción de las reservas exteriores.

Las medidas económicas contenidas en los Pactos aspiraban no sólo a asentar unos mejores equilibrios generales de la economía, base indispensable para recuperar el crecimiento; aspiraba también a restablecer el equilibrio de las empresas. Entre los datos de la crisis económica poco revestían la importancia de la continua caída de los excedentes empresariales. En el campo de las reformas estructurales los Pactos incorporan cambios irreversibles que iban a continuarse en años posteriores. De los Pactos de la Moncloa arranca la reforma fiscal que ajustaría el reparto de la carga tributaria a los criterios dominantes en la Europa comunitaria, ganando nuestro sistema fiscal capacidad recaudatoria y una mayor equidad. Asimismo se reforma el sistema financiero, el cual permitió modernizar sus instituciones y conseguir mayor eficacia en su funcionamiento. La liberalización de los mercados de bienes y servicios y la extensión de la competencia en su funcionamiento, arrancan también con los Pactos.

Junto a esos efectos económicos, los Pactos de la Moncloa permitieron alcanzar unos efectos políticos de importancia indiscutible. El consenso político que constituyó su fundamento produjo un cambio importante en el clima del país. Fue ese clima de consenso, el reconocimiento del sentido de finalidad común de los partidos políticos para la construcción de la democracia, el que permitió negociar y llegar a la Constitución. Los Pactos representaron el inicio de una práctica de diálogo social que ha perdurado hasta nuestros días y que ha sido una de las razones de fondo que han hecho posible la modernización de España en un clima de entendimiento que, sin duda, conviene preservar.

Hoy, con la perspectiva que el tiempo concede para contemplar con realismo y valorar con sosiego los hechos del pasado, resulta evidente que la suerte de los Pactos de la Moncloa estuvo asociada a la suerte de la Constitución. Son dos acontecimientos de la historia contemporánea de España que irán unidos para siempre. La Constitución de 1978 cerraba la fase de la transición política y abría la de la democracia. Los Pactos de la Moncloa habían facilitado así ese paso decisivo de nuestra convivencia política.