Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 22 de mayo han supuesto una rotunda victoria del Partido Popular (PP) en casi todas las capitales de provincias y autonomías. En el caso de Andalucía ha sido un arrollador triunfo del PP y ha hecho trizas algunos de los mitos sobre los supuestos límites de esta formación. Va a gobernar con mayoría absoluta en 11 de las 12 poblaciones que superan los más de 100.000 habitantes; gana con claridad en 12 de los 17 municipios que tienen entre 50.000 y 100.000 habitantes y una subida espectacular en las 52 ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitante; además de dominar, por mayoría absoluta, en 5 de las 8 Diputaciones provinciales. En suma, una victoria clara y rotunda que le convierte en una alternativa real de cara al las elecciones autonómicas del próximo año.
La crisis económica, su gestión y la incapacidad del modelo socialdemócrata para gestionarla ha sido el detonante de esta debacle electoral. Así, cuando estalla la mayor crisis económicas sistémica de la historia reciente, en lugar de aprovecharla para depurar los elementos tóxicos de nuestro sistema económico a favor de una regeneración productiva, emprendedora, innovadora, ética y medioambiental sostenible, los socialistas y su presidente (ZP) se enrocan en posiciones absurdas, alejadas de la percepción mayoritaria de la sociedad, convencidos en el fondo, de que no requería mayores esfuerzos que dejar pasar el tiempo aparentando que se hacían cosas, como la aprobación de medidas y más medidas o la negociación de los Pactos de Zurbano.
El problema no ha sido la crisis mundial, sino la gestión de esa crisis, en la que el Gobierno ha pasado por tres etapas: negación, intentar espantarla con medidas periféricas y, por último, asumir un plan de ajuste impuesto desde fuera que repartía los sacrificios de manera desigual e injusta entre la sociedad española. El propio presidente Zapatero ha reconocido haber cometido dos errores: tardar en reconocer la crisis y no estar preparado para una legislatura protagonizada por una recesión tan profunda. Además de haber olvidado que la política democrática, a diferencia de la aristocrática, tiene que ser algo útil y participativo, es decir, algo que debe resolver los problemas de los ciudadanos y con los ciudadanos.
La situación económica española es muy delicada (cinco millones de parados, deuda creciente y vigilancia continua de los mercados) y la capacidad de maniobra del Gobierno empieza a ser limitada. Ante esta situación el Gobierno tiene que reaccionar llevando a cabo las reformas puestas en marcha, incluso profundizándolas, para dar confianza a los agentes económicos, a los ciudadanos y a los mercados sobre la fortaleza de la economía española; y el PP tiene que gobernar su victoria con mesura aplicando su programa económico en los ayuntamientos y en las Comunidades Autónomas donde los ciudadanos los haya elegido para gobernar.
De la responsabilidad política de ambos partidos, en un momento tan difícil y trascendental para el país y sus ciudadanos, depende el futuro económico y el bienestar acumulados durante tres décadas. Por tanto, ambas formaciones política deben de administrar con prudencia y sabiduría el 22-M: el PP su abrumadora victoria y el PSOE su aplastante derrota. El futuro nos va en ello.
