El municipalismo contemporáneo constituye uno de los grandes movimientos democráticos actuales. Parte de la convicción de que el municipio, como nivel de gobierno más cercano al ciudadano, debe constituir una pieza fundamental del esquema institucional de cualquier Estado, ordenando y gestionando de manera autónoma una parte importante de los asuntos públicos locales, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes, como declara la Carta Europea de Autonomía Local. La Carta representa en la actualidad una gran constitución continental de los municipios. Los dos grandes principios en que se inspira la Carta son los de democracia y descentralización. La democracia local exige, para ser efectiva y tener contenido real, que pueda proyectarse sobre un conjunto amplio y sustancial de servicios públicos. Y la descentralización se justifica esencialmente porque acerca a los ciudadanos la gestión de los servicios públicos, permitiéndoles incidir de forma directa y/o a través de sus representantes sobre la forma de cómo se gestiona se gestionan. Existe, pues, una clara retroalimentación entre ambos principios, que constituyen la arquitectura esencial de la Carta y del municipalismo.
El municipalismo español ha sido el impulsor de grandes transformaciones materiales en los municipios, que ha redundado en la mejora de la calidad de vida de los españoles. Nuestros municipios, efectivamente, han sido un motor esencial de modernización de los servicios públicos fundamentales y de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. A ello han contribuido de manera esencial los Fondos Estructurales y de Cohesión en el periodo 1986-1999, concretamente el Fondo Social Europeo (FSE) y las Acciones Estructurales, ocupando también las primeras posiciones en el FEDER, el FEOGA y el Fondo de Cohesión.

El día 3 de abril de 1979 constituye un hito en la historia del municipalismo español. Aquel día, con la celebración de las primeras elecciones municipales tras la aprobación de la Constitución de 1978 (ésta le presta un tratamiento muy lacónico al municipio con tan sólo 4 artículo frente a los 16 dedicados de las Comunidades Autónomas), las entidades locales de nuestro país iniciaron un periplo que, junto con el resto de administraciones públicas, nos ha llevado a alcanzar cotas de desarrollo y prosperidad poco menos que impensables, en aquella fecha. En estos 32 años, las corporaciones locales han ido asumiendo un número creciente de competencias y, por ser las más cercanas, se han convertido en la administración de referencia para los ciudadanos, incrementando la calidad de los servicios que prestan, lo que ha supuesto la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

Los ayuntamientos en la actualidad no disponen de los ingresos suficientes para afrontar la prestación de servicios comprometida con los ciudadanos. La situación puede agravarse después de las elecciones del próximo 22 de mayo. La crisis económica española ha reducido los ingresos ordinarios de los municipios y, paralelamente, ha aumentado la demanda de atención social. La caída de la actividad urbanística, las dificultades de acceso al crédito y otros efectos de la crisis, dificultan aún más la financiación local, que soporta una drástica reducción de ingresos por los consabidos y comprensibles niveles de morosidad de los contribuyentes. Ello unido a la reducción de las transferencias del Estado (PIE) por la disminución de la recaudación y reducción del déficit público. Por tanto, asistimos a la cuadratura del círculo: menos ingresos, carencia de cobertura legal para modificar el modelo de financiación y aumento de las prestaciones de servicios ajenos a sus competencias.

Después del 22 de mayo se deben de poner las bases de un nuevo municipalismo acometiendo la segunda descentralización (mayores competencias y financiación suficiente para atenderlas); reformar la Ley de las Haciendas Locales y aprobar el Estatuto del Gobierno Local, delimitando las competencias reales que deben asumir las Entidades Locales (Ayuntamientos y Diputaciones) para arbitrar la financiación adecuada, garantizando nivelaciones en la prestación de servicios en todos los municipios de acuerdo con las necesidades de sus ciudadanos.