En una economía tercializada como la andaluza, el sector de los servicios de atención a personas dependientes sobrepasa el concepto de sectores emergentes, cumpliendo una labor social más amplia, pues satisface también necesidades sociales de la población, son intensivas en factor trabajo y en mano de obra femenina.
La grave crisis económica que se viene sufriendo desde 2008 afecta de forma más negativa e intensa a aquellos colectivos que tradicionalmente se encuentran en situación más desfavorecida: población envejecida, personas con otras capacidades, población infantil y juvenil, población inmigrante, etc. En respuesta a esta situación, y previniendo o eliminando situaciones de marginación social, la red de centros de asistencia y atención a disposición de los colectivos afectados ha registrado un notable incremento en los últimos años, tanto en número de centros como en el de plazas correspondientes a aquellos. Desde el puno de vista financiero, no sólo no se ha disminuido la dotación presupuestaria de la política de protección social sino que se ha incrementado en los últimos ejercicios.
Por otra parte, la denominada Ley de Dependencia está contribuyendo al surgimiento de oportunidades de negocios en el ámbito del sector de la atención a personas. La implantación del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía ha motivado la contratación durante los últimos tres años de un total de más de 1.400 personas, entre las que se incluyen las 536 destinadas a los Servicios Sociales Comunitarios y 615 correspondientes a los servicios de valoración de la Consejería para la Igualdad y Bienestar. Este departamento consigna en su presupuesto de 2011 una dotación inicial de 850 millones de euros (un 7,5% más que en el ejercicio 2010) para el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia, que se llevará a cabo de forma gradual hasta el año 2015.
A finales de 2010, Andalucía sigue figurando a la cabeza de España en la aplicación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, desarrollado en los últimos años a raíz de la Ley estatal vigente desde 2007. El liderazgo andaluz se refiere tanto a solicitudes y valoraciones como a personas beneficiarias (177.100) y prestaciones (231.300). En estos dos últimos parámetros, la comunidad autónoma concentra el 30% del total nacional, casi el doble de su peso poblacional (17%). Entre los servicios que se prestan, destacan los de teleasistencia (51.100 beneficiarios; 64% del total nacional) y ayuda a domicilio (43.000 usuarios; 52% de España).
Aún así, el defensor del Pueblo Andaluz ha puesto de manifiesto la escasez de los recursos existentes: cerca de 50.000 plazas para personas mayores (el 51% financiadas por la Junta de Andalucía, alrededor de 40.000 plazas residenciales y de 10.000 en unidades de estancias diurnas), y unas 18.000 plazas para personas con discapacidad (el 75% financiadas por la Junta de Andalucía- 5.500 plazas residenciales y más de 12.000 en unidades de estancia diurna). A esta insuficiencia de recursos hay que unir las bajas intensidades del servicio de ayuda a domicilio y a la rigurosidad de las incompatibilidades entre prestaciones y servicios. Parte del problema en buena medida viene motivado por el excesivo protagonismo que representan las prestaciones económicas frente a la prestación del servicio, especialmente la concerniente a los cuidados familiares que, contra la voluntad del legislador, se ha convertido en la protagonista principal del sistema que se ha articulado alrededor de la atención a la dependencia.
Por todo ello, y ante la situación de desempleo que padece Andalucía, sobre todo en lo referente al desempleo femenino, hay que aportar por las políticas de empleo dirigidas al incremento de la empleabilidad en este sector.
