Estar a la altura de los tiempos que vivimos requiere que nuestros actos y pensamientos sean consecuentes. Una cuestión que, sin ser nada novedosa, debería ayudarnos a refrescar nuestra memoria y nos permitiría explicar y comprender los orígenes y los efectos de la crisis económica y financiera. Porque, con toda seguridad, esta será una de las formas que tendremos, trabajadores y trabajadoras, de poner a cada uno en su lugar.
Un ejercicio singular, tanto individual como colectivo, del que, sin duda, se obtienen importantes consecuencias y lecciones. La idea que subyace en este enfoque es la de aprender de los errores pasados, impedir que se repitan y encontrar claves de futuro. Proceso analítico y acción propositiva, en definitiva.
En este sentido, el largo y tenebroso túnel que significa la crisis económica no puede abstraerse, en ningún caso, de la profunda crisis de valores. Sólo la existencia de déficit ético, de un individualismo exacerbado, de un pensamiento ultraliberal cegado por el fundamentalismo de mercado explican determinados comportamientos caracterizados por una irresponsabilidad e insensibilidad abrumadoras. No podemos obviar que la codicia desenfrenada tiene efectos perversos, destructivos, y que existe un sustrato de pensamiento económico y político que encumbró y sigue respaldando dichos comportamientos.
Una realidad que ha sido puesta de manifiesto por el movimiento sindical desde que se inició la crisis y en la que hay que profundizar como sociedad si pretendemos delimitar las bases sobre las que construir una salida equilibrada de la actual situación.
Reivindicación que volvemos a poner de manifiesto durante la celebración del 1º de mayo inmersos en una situación de mayor deterioro y vulnerabilidad a nivel mundial. A la ingente destrucción de empleo hay que sumarle la disminución de rentas salariales, el deterioro de las condiciones de trabajo, la reducción significativa de las prestaciones sociales y el recorte y limitación de los servicios públicos.
Cuestiones, todas ellas, para las que las políticas económicas y sociales que están adoptando los gobiernos de la UE no sirven, toda vez, que siguen apostando por nuevos ajustes presupuestarios y la presión a la baja de los salarios. Que se apueste por la mejora de la competitividad propugnando la reducción de salarios y la eliminación de garantías y derechos laborales y sociales resulta injustificable. Defender hoy el proyecto de integración europeo tiene que significar poner la atención en la Europa social y reforzar una gobernanza responsable socialmente y autónoma del designio los mercados.
Para encontrar soluciones compartidas a los problemas del desempleo, la precariedad en el empleo, la eliminación de la pobreza y la desigualdad social necesitamos un gobierno de la UE que dirija la economía desde la política, que impulse políticas de inversión, desarrolle planes de choque contra el paro juvenil y la discriminación laboral, impulse reformas fiscales, luche contra la economía sumergida y gobierne los mercados de la deuda.
Los gobiernos de la UE tienen que ser conscientes de que uno de los principales activos que tiene la sociedad europea para salir de la crisis es su modelo social y sus políticas de bienestar. Impulsar su eliminación, además de agravar la situación real de millones de trabajadores y sus familias, destruiría uno de los sistemas más completos y eficaces de redistribución de rentas que existe, promoviendo más desigualdad económica y mayor desequilibrio social.
Una realidad de flexibilización, recortes y desregulación que, desgraciadamente, también se está produciendo en España y ante la que proponemos medidas para reactivar la economía, para lograr el cambio de patrón de crecimiento, para la creación de empleo y la consolidación del sistema de protección social. Acciones que necesitan de un comportamiento responsable de las entidades financieras españolas que, tras las ayudas públicas obtenidas para fortalecerlas, deben ponerse al servicio de la sociedad española; facilitando el crédito y la obtención de liquidez a familias, autónomos y empresas.
Nuestro compromiso sindical está dirigido a la obtención de un modelo de crecimiento sostenible, sostenido y duradero basado en la formación, la innovación y la industria, con creación de empleo estable y con derechos, con protección a las personas desempleadas, con igualdad entre mujeres y hombres, entre inmigrantes y autóctonos, con garantías en la seguridad y salud en el trabajo, con unas condiciones de vida dignas, en las que las pensiones, la educación, la sanidad o la atención a las personas dependientes sean derechos consolidados.
Para lograrlo debemos llegar, entre todos, a la conclusión de que necesitamos reafirmar la centralidad del valor del trabajo en todas las políticas públicas y privadas. Un criterio que nos permitirá, sin rodeos ni medias tintas, colocar a la creación de empleo como primer objetivo de nuestro país.
