En un llamamiento a mejorar la preparación de los jóvenes españoles, el Príncipe don Felipe, afirmó recientemente que “invertir en educación e investigación [sic] es siempre social y económicamente rentable. No nos podemos permitir dudar sobre esto; es absolutamente necesario; diría que es un imperativo de nuestros tiempos. Es el camino”.
En idéntica línea de pensamiento se ha manifestado el Presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al señalar que “no hay mayor despilfarro que ahorrar en Educación” y que “la Universidad es una necesidad no solo desde el punto de vista social, sino también económico”.
La universidad pública es justicia social, riqueza y empleo sostenible hoy y también garantiza la justicia social, la riqueza y el empleo sostenible del futuro. El mayor salto cualitativo que ha experimentado España en el último cuarto de siglo ha sido el de la educación.
Un estudio realizado por el conjunto de las universidades catalanas sobre el impacto socioeconómico de la Educación Superior no deja lugar a dudas. Su principal conclusión es que “las universidades son probablemente las instituciones de mayor impacto y que más valor añadido aportan a su territorio, ya sea por la vía de la formación y el capital humano, la investigación científica, el desarrollo social y cultural, o por la innovación”.
También la Fundación BBVA se ha dedicado a estudiar el impacto de la formación universitaria. Uno de sus últimos informes despeja cualquier duda sobre la utilidad social de la educación superior. Sobre todo cuando afirma que el nivel educativo de una persona tiene un efecto positivo y sistemáticamente creciente en la probabilidad de ser activo, estar ocupado y tener un empleo estable
La Universidad no puede quedarse al margen del sacrificio general que está realizando la mayoría de la sociedad española. Pero también es verdad que España hace décadas, cuando no era un país rico, apostó por una buena Universidad pública. Si entonces podíamos mantenerla, por qué ahora se nos dice que sobran universitarios y universidades. Sería patético que 30 años después el resultado fuese una Universidad peor.
Por ese motivo los Rectores y las Rectoras de las universidades españolas se han dirigido al Gobierno de España y a los Gobiernos autonómicos para que consideren la educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación como una inversión esencial y no como un gasto.
Es precisa una concienciación general sobre la situación del país, el compromiso individual y colectivo, y evolucionar de la estrategia de recortes indiscriminados al ahorro concertado, a la racionalización de las medidas de ahorro para sostener los elementos imprescindibles para salir del punto de inflexión en el que estamos. La frecuentemente citada “racionalización del gasto” es también imprescindible en los tiempos de bonanza.
La Universidad Pública debe ser activa en las propuestas de ideas para continuar su camino de mejora, de excelencia y de servicio público, y hacerlo recordando los principios esenciales que han sustentando nuestro modelo universitario: la igualdad de oportunidades en el acceso, el mérito como valor fundamental y la autonomía universitaria, consagrada en nuestra Constitución.
La apuesta por el futuro pasa necesariamente por poner en valor y apoyar activamente al sistema público universitario, como factor imprescindible para la recuperación económica y la construcción de un nuevo modelo de crecimiento sostenible.
Antonio Ramírez de Arellano, rector de la Universidad de Sevilla
