En 2012, quinto año de la crisis económica, no se han apreciado síntomas de recuperación o estos son mínimos. Sin embargo, si buscamos algún signo positivo, quizá podríamos señalar que el gobierno y una parte significativa de la sociedad han abierto los ojos, han adquirido la conciencia de la gravedad de la situación, condición necesaria – aunque no suficiente – para la adopción de las medidas necesarias para su corrección.
Con ello se ha dado un primer paso, pero la impresión generalizada de que es inevitable la erosión del estado de bienestar no impide que la imagen, a nivel de opinión pública y de cara al exterior, sea la de un país saturado de manifestaciones y huelgas de los colectivos que ven disminuidos sus ingresos o perjudicados sus intereses.
Muchos pensamos que, para avanzar hacia soluciones efectivas, es llegado el momento, de forma improrrogable, de un nuevo Pacto de Estado, que se ve no obstante dificultado, por una parte, por la actitud de la oposición, que cede a la tentación de instrumentalizar en su beneficio las protestas de la ciudadanía, y por otra, por el propio Gobierno, cuya mayoría absoluta le permite legislar sin necesidad de buscar el consenso con otros partidos del arco parlamentario.
Tampoco se produce un diálogo fructífero entre las organizaciones empresariales y los sindicatos de trabajadores. Aunque ambos sectores son víctimas de la crisis, sus responsables parecen más interesados en el enfrentamiento que en el diálogo para encontrar soluciones constructivas y viables..
El pacto a que nos referimos debería tener entre sus líneas maestras una doble consideración: la aceptación por todos de la necesidad ineludible de corregir el déficit de las cuentas públicas, lo que conlleva inevitablemente sacrificios, que deben ser más llevaderos para la población económicamente más modesta; y la adopción de medidas de estímulo para la reactivación económica, que deberán asentarse sobre fundamentos más sólidos que los de la etapa anterior, considerando prioridades la apuesta por la educación de calidad y la dotación de programas de I +D + i que hagan a nuestras empresas más competitivas, sin olvidar la necesidad de progresar en su proceso de internacionalización.
En lo que se refiere al sector bancario, observamos que un exhaustivo protagonismo mediático ha contribuido a meter en el mismo saco, a nivel de opinión pública, a entidades serias cuya práctica financiera ha sido siempre correcta, y a otras que han actuado cuando menos temerariamente con criterios meramente especulativos. Es lo que ha sucedido, como es sabido, con buen número de Cajas de Ahorros, abocadas a la extinción, con el pernicioso efecto secundario de que con ellas desaparece una meritoria obra social.
También en este sector se aprecian esperanzas de mejoría de la situación con vistas al año 2013. Los efectos del rescate de entidades en dificultades y una política de corresponsabilidad financiera en la Unión Europea, todavía incipiente, junto con la continuidad de los movimientos de concentraciones y fusiones, qué hará más fuerte y viable al conjunto del sector, facilitará el acceso al crédito a empresas y particulares, condición esencial para la reactivación económica. Esta es una línea clara por la que ha optado Caja Rural del Sur, que ha consolidado el Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito, una solvente opción financiera para el suroeste español, integrada además a nivel nacional en el Grupo Caja Rural, ejemplo representativo de las posibilidades del modelo cooperativo de crédito, de éxito en España y en otros países prósperos de la Unión Europea.
José Luis García Palacios, presidente de Caja Rural del Sur
