España se encuentra en una situación económica tan difícil como la que recibió Enrique Fuentes Quintana cuando el 4 de julio de 1977 fue nombrado vicepresidente económico.

En ambas crisis hubo un comportamiento análogo de los Gobiernos: la ocultación de la crisis a los ciudadanos. La valentía de Fuentes Quintana reconociendo públicamente la crisis y su gravedad posibilitó, en parte, su solución con la puesta en marcha de los Pactos de la Moncloa y el consenso de todos los agentes económicos y sociales. La ocultación de la crisis ha dado lugar a que el Gobierno no adoptara las medidas oportunas, cuyo retraso ha dado lugar a que las crisis se haya agravado, profundizando en sus efectos y las que se han tomado no sean las más adecuadas para resolver el problema estructural: la baja productividad que da lugar a un fuerte déficit en la balanza comercial, y esto  no se corrige con parches sino con reformas estructurales. En las economías modernas la posibilidad de incrementar la productividad depende del capital  humano y tecnológico, de la reforma del mercado de trabajo y de la liberalización de los mercados de bienes y servicios.

Muchos ciudadanos se preguntan si la crisis en la que se encuentra envuelta la economía española es consecuencia de la crisis financiera originada en Estados Unidos como consecuencia de las hipotecas basuras o subprime, como ha dicho el presidente del Gobierno, o si por el contrario son causas internas derivadas de nuestro modelo productivo. Ambas crisis, la externa y la interna, se interrelacionan y se retroalimentan. La crisis interna producida por el modelo productivo ha provocado que la economía española se encuentre en una situación muy delicada con altas tasas de desempleo, elevada inflación y un abultadísimo déficit de la balanza por cuenta corriente que condiciona su funcionamiento. La necesidad de financiación de la economía española alcanzó en 2003 el 3% del PIB y sólo cuatro años más tarde llegó al 10% del PIB como consecuencia de un desarrollo basado en la demanda interna, la vivienda y el consumo. El ahorro interno no ha sido suficiente para financiar tal demanda y las empresas e instituciones públicas tuvieron que acudir al préstamo exterior.

El crecimiento desequilibrado de la economía española experimentado en estos tres últimos lustros y la pérdida de competitividad originada por dicho modelo de desarrollo ha dado lugar a que los prestamistas empezarán a dudar de la sostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento. Es cierto que la crisis financiera global iniciada en EE.UU. y la desconfianza que ha originado, ya que nadie presta a nadie, esta influyendo en España, si cabe con más intensidad que en otros países, a consecuencia del derrumbe de nuestro mercado inmobiliario y del fuerte montante de las titulaciones hipotecarias colocadas en los mercados financieros mundiales. Pero el origen de la crisis, como ya hemos apuntado, se encuentra en nuestro modelo de crecimiento y en el fuerte endeudamiento exterior, necesario para su funcionamiento. La falta de reformas estructurales necesarias para cambiar el modelo productivo hará que la crisis sea larga, pues el Gobierno no parece decidido a acometer dichas reformas.

Ante tal panorama, el Gobierno tiene que reaccionar realizando las reformas estructurales que desde hace años los analistas económicos venimos pidiendo. El problema que tiene nuestra economía es que es necesario sustituir la demanda interna derivada de nuestro modelo de desarrollo basado en la construcción y en el consumo de las familias por otro de demanda exterior, aumentando nuestras exportaciones, y ello sólo se conseguirá aumentando la productividad, ya que nos hemos quedado muy retrasado en cuanto al grado de intensidad de las exportaciones. Pero tal hecho no se consigue por decreto, sino efectuando las reformas estructurales que mejoren la gestión de los factores de la producción y de los procesos productivos, tanto del sector público como del  privado. La reforma de la educación, de la investigación, del mercado de trabajo, del mercado energético, de la competencia, etc, podrá sacarnos de la crisis; en definitiva, sanear la economía para de esta forma poder subirnos, en las mejores condiciones posibles, al tren del nuevo ciclo de crecimiento económico cuando se reactive de nuevo la economía mundial.

 De la crisis en la que está inmersa la economía española sólo se saldrá si aumentamos la productividad que haría posible incrementar nuestras exportaciones a otros países, que sustituyera a la fuerte caída de la demanda interna que estamos padeciendo, con el doloroso efecto del paro.

Otras de las medidas que habría que acometer para salir de la crisis es aumentar la productividad del principal agente económico de la nación: la Administración Pública, que maneja casi el 40% del PIB de nuestra economía. La modernización de la Administración (central, autonómica y local) debe ir dirigida a incrementar la eficacia de la producción de los servicios colectivos. Se debe tender a una mayor racionalización y modernización de la misma con la introducción de criterios de mercado en su funcionamiento. Un papel clave en este proceso de modernización lo tiene que jugar la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas que debería analizar cada año las políticas que se están efectuando para ver si se realizan con eficacia, eficiencia y equidad.

Si ahora nos centramos en la economía andaluza comprobamos como la crisis económica se ha cebado con el empleo de forma que a lo largo del año 2008 se va a perder el 30% de los puestos de trabajo que había a comienzo del ejercicio. Así las estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, vaticina que al final de año se superen los 650.000 desempleados en Andalucía, es decir, la cuarta parte de los registrados en España. La tasa de paro en Andalucía se dispara al 17,1%, nivel que no se alcanzaba desde comienzo de 2004. La razón principal del importante repunte del paro es el brusco frenazo de la construcción, sector que años atrás fue tremendamente dinámico en la reducción del paro y que ha llegado a dar trabajo a más de medio millón de personas (502.700 en el segundo trimestre de 2007). Entre enero y junio se perdieron en este sector 53.000 empleos y la cifra de parados supera ya los 100.000, es decir, se ha multiplicado por dos en apenas seis meses. La construcción aún mantiene un estimable volumen de ocupación (437.000 empleados), pero lo peor es que los vaticinios apuntan a un mayor grado de estancamiento de la actividad en los próximos meses.

El empleo ha descendido en todos los sectores de actividad económica, aunque en la industria y los servicios mantiene tasas claramente por debajo de la media (entre 8% y el 9% respectivamente), mientras que el paro agrario sobrepasa ya el 24%. El diferencial entre el paro femenino y el masculino se ha reducido, y es que la destrucción del empleo se ha producido en la construcción, que afecta masivamente a los hombres que ocupan el 95% del trabajo en esta actividad.

La destrucción de empleo en la construcción no se ha visto compensada por el aumento del empleo industrial. Los servicios, sector al que la economía andaluza debe el 60% de su valor añadido, ha disminuido en menor proporción, mientras que el turismo mantiene un buen nivel de actividad y se aventura como el principal impulsor de la reactivación, como ya ocurrió en la crisis de 1993.

Por consiguiente, tanto la economía española como la andaluza, deben de realizar un esfuerzo para modificar su modelo de crecimiento, introduciendo las reformas estructurales que les permitan ganar  productividad y competitividad con respecto a los países de la Unión Europea, para de esta forma salir de la crisis económica reforzados y poder subirse al tren del nuevo ciclo económico mundial cuando se produzca la reactivación.