El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, se ha reunido en Madrid con el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, para firmar una declaración conjunta en relación con el nuevo marco financiero de la UE para el período 2014- 2020. El objetivo de este encuentro es la defensa de que las regiones europeas que abandonen por primera vez el Objetivo Convergencia y pasen a la categoría de Regiones en Transición, como es su caso, mantengan la “tensión impulsora” de las políticas de cohesión y reciban una ayuda transitoria.
Con este mensaje consensuado, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha reafirman su apoyo a una Política de Cohesión fuerte, al tiempo que se adelantan al Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero, donde se pretende alcanzar un acuerdo definitivo sobre el presupuesto comunitario de los próximos siete años. Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha suman 13 millones de habitantes que se verán afectados por el cambio de estatus de su región, lo que representa aproximadamente un tercio de la población de España.
En este sentido, las tres comunidades, a pesar de reconocer la importancia de haber abandonado el grupo de regiones “menos desarrolladas” en el marco de la Política de Cohesión de la UE, muestran su preocupación por las implicaciones que conllevaría un “corte abrupto” de los fondos estructurales en el próximo período financiero 2014-2020.
En la declaración, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha valoran que la Comisión recogiera finalmente en sus propuestas una ayuda transitoria para estas regiones que supusiera, como mínimo, dos tercios de los fondos que perciben actualmente. Igualmente, acogen con satisfacción el apoyo mostrado por el Parlamento Europeo y por el Comité de las Regiones.
Señalan también que abandonar el grupo de las menos desarrolladas es el resultado de haber adquirido capacidades y habilidades y de vivir un “cambio estructural necesario”, pero añaden que “no ha transcurrido el tiempo suficiente para su asentamiento y su consolidación”. El documento defiende que “para que esos resultados se afiancen es preciso que se mantenga la tensión impulsora que los ha propiciado”, especialmente en el actual entorno económico de “profunda crisis”.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo andaluz ha destacado que se trata de “trasladar el apoyo sin ningún género de dudas” al Gobierno de España en la negociación, al tiempo que ha indicado que las tres regiones son “ejemplo” de cómo con la aportación de fondos europeos se puede pasar de ser una región menos desarrollada a una más”.
Ha considerado que el “esfuerzo realizado” no puede quedar “baldío o sin mantenimiento”, y ha declarado que para estas comunidades las ayudas han supuesto apoyos en la cualificación de mano de obra, las infraestructuras o las empresas”.
Los responsables de las tres regiones han explicado que Andalucía solicita unos 8.700 millones de euros, de los 11.900 que recibe como región de convergencia (en los que no se incluyen los fondos agrarios y de desarrollo rural). Asimismo, Galicia espera ser destinataria de unos 2.500 millones de euros, frente a los 4.000 recibidos en el periodo 2007/2013, mientras que, si no se mantienen los dos tercios de los fondos actuales, Castilla-La Mancha pasaría de los 2.300 millones que recibe a unos 970.
Red de seguridad
Desde 2009, Galicia lidera una Red de Regiones Europeas que abandonan el Objetivo Convergencia (CROWC, en inglés), que defiende la necesidad de articular una ayuda transitoria para las regiones que, a partir de 2014, abandonan por primera vez el Objetivo Convergencia. El objetivo de esta ‘red de seguridad’ que reclama la CROWC es que las regiones que la conforman puedan consolidar las inversiones ya en marcha y lograr una convergencia real e irreversible con el resto de Europa.
Por otra parte, celebran que esta red de seguridad se mantenga en el documento de negociación del Consejo, si bien lamentan que en su última versión la intensidad de la ayuda se rebaja al 60%. Por ello, de confirmarse esta propuesta, las comunidades firmantes de la declaración solicitan al Estado que garantice las compensaciones adecuadas para hacer frente a la disminución de ingresos, con el fin de obtener un reparto más justo de las asignaciones por regiones.
Por lo tanto, con la declaración firmada se espera conseguir un resultado positivo a todos los esfuerzos realizados a lo largo de los últimos años, al tiempo que se apuesta por que el próximo marco financiero comunitario -que las instituciones comunitarias están a punto de adoptar- recoja la necesidad de prestar una atención especial a las regiones que, como Andalucía, Galicia y Castilla- La Mancha no han consolidado todavía su proceso de “convergencia real”.
