Rumanía y Bulgaria ingresaban el 1 de enero de 2007 en la Unión Europea (UE), con lo cual ésta pasa a ser una entidad de 27 Estados miembros y 493 millones de ciudadanos. Son los parientes más pobres de la UE, bastante más que los 10 miembros que entraron en la última ampliación de mayo de 2004. Ambos países aportan a la UE unos 30 millones de habitantes (algo más del 6% del total de la UE) y casi 350.000 kilómetros cuadrados. Su renta percápita apenas representa un tercio de la media comunitaria y aporta sólo un punto al PIB de la UE.

Con la adhesión de Rumanía y Bulgaria, la bandera de la UE arropa finalmente (a falta de las cinco repúblicas de la antigua Yugoslavia) a todos los países del antiguo bloque comunista. La nueva UE alarga su frontera hasta el Mar Negro y se prepara para readaptarse, reconocerse en sus nuevas dimensiones y aceptar este nuevo perfil, irregular, de 27 miembros.

El futuro inmediato no será fácil y los pasos de los nuevos socios estarán estrechamente vigilados por Bruselas, que ha impuesto deberes de reducción de la corrupción y rigor presupuestario a los respectivos gobiernos. Pero por complicada que sea la tarea, rumanos y búlgaros la viven con la felicidad del náufrago que ha logrado subirse al último bote salvavidas. La incorporación a la UE representa un paso decisivo en el camino de la normalización democrática y de progreso económico.

Rumanos y búlgaros llegan a Bruselas en uno de los momentos más deprimentes de la UE, tras la paralización del Tratado Constitucional que ha dejado a las instituciones de la UE incapacitadas, no ya para acoger a dos nuevos miembros, sino para funcionar a 25 miembros. Ambos países llegan con mucho entusiasmo y con la esperanza, bastante fundada, de que su ingreso y la inyección de fondos comunitarios dinamicen sus instituciones y sus economías.

En la actualidad un cúmulo de conflictos divide y paraliza a los Estados de la UE, como se puso de manifiesto en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobiernos celebrada en Brusela los día 14 y 15 de diciembre de 2006: guerra de Irak, presupuesto, Constitución, energía, fiscalidad, justicia e interior y negociación con Turquía. La regla que exige la ‘unanimidad’ de todos para tomar decisiones se ha convertido en un arma letal para la construcción europea, cuando el club precisa ya del acuerdo de 25 o 27 Estados. La primera consecuencia ha sido un aumento del protagonismo de los Estados frente a las instituciones comunitarias. La segunda es que la posibilidad de ejercer el veto anula los esfuerzos por negociar acuerdos o los que se logran son muy ineficientes por su baja calidad. La ausencia de un mecanismo moderno de toma de decisiones como es el de mayoría cualificada y consenso del Parlamento, previsto en el Tratado Constitucional, augura una progresiva paralización de la construcción de la UE.

El ingreso de Rumanía y Bulgaria a la UE, el 1 de enero, cierra un periodo de seis años de intensas negociaciones, desacuerdos con Bruselas y fuertes ajustes económicos para alcanzar los niveles de gestión y de estabilidad financiera y comercial que exige la UE. En estos últimos años estos dos países han experimentados grandes avances económicos. En menos de una década Rumanía y Bulgaria han dejado atrás estructuras centralizadas de producción heredadas de su época comunista. Desde la mitad de los años noventa han doblado su PIB, han reducido su inflación y han bajado drásticamente sus tasas de paro.

Pero no es oro todo lo que reluce. A pesar de sus favorables indicadores, la UE ha fijado restricciones a su ingreso. A demás de pedir un mayor control de la corrupción, mejoras en el aparato de justicia y en el control sanitario de alimento. Bruselas advierte de los problemas que tienen para administrar los fondos comunitarios, cobrar impuestos o gestionar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Hasta ahora, los nuevos socios han gastado sólo un 50% de las ayudas de preadhesión por las dificultades en su gestión y por problemas en el traspaso de estas ayudas a sus administraciones regionales.

En el próximo trienio (2007-2009), Rumanía y Bulgaria recibirán 13.000 millones de euros en concepto de fondo europeos. De estos fondos, 4.600 millones serán destinados a Bulgaria y 9.000 millones a Rumanía. Un 30% se destinará exclusivamente a la política agraria.

Ciertamente, para Rumanía y Bulgaria, el año 2007, ha sido el de la entrada en una nueva era de su historia. Pero también marca para la UE un cambio importante porque la hace más heterogénea y más desigual, porque le da una venta al Mar Negro y porque las razones económicas pierden peso frente a las políticas para decidir la integración de nuevos miembros.

La ampliación a 27 de la UE se efectúa sin haber constituido una organización interna indispensable para funcionar adecuadamente y sin el sostén de una estructura interna. El rechazo del Tratado Constitucional por los votos populares de Francia y Holanda ha impedido, hasta ahora, que la UE se dotase de las instituciones de gobiernos necesarias para funcionar como una auténtica Unión en el campo de la política exterior, energética, etc.

La gran esperanza de los países aspirante a ingresar en la UE es la llamada convergencia real. El sueño que hoy comparten Rumania y Bulgaria es el de recortar su diferencial de renta con los países de la UE. Este era también el sueño de España y Portugal en 1985. Distintos modelos teóricos de crecimiento económico sugieren que un país que ingresa en la UE puede incrementar su tasa de crecimiento a través de dos mecanismos: primero, la adhesión a la UE puede favorecer una mejora en los aspectos fundamentales que determinan el nivel de renta a largo plazo. Entre estos factores se encuentran una mayor estabilidad política y macroeconómica, una mejora en el marco regular y en el funcionamiento de la justicia, inversiones en infraestructuras y una apertura al comercio exterior. En segundo lugar, el libre flujo de capitales y trabajadores dentro de la UE podrá acelerar el ritmo de convergencia ya que el trabajo y el capital tenderán a moverse hacia aquellos países donde su remuneración es más alta (los países ricos para los trabajadores y los países menos ricos para el capital).

La experiencia de los últimos años confirma la existencia de convergencia real. Los cinco países con una renta inferior a la de la UE 15 en 1985 (Portugal, Italia, España, Grecia y Reino Unido) experimentaron un crecimiento superior al promedio en los siguientes veinte años. El ritmo de convergencia ha sido lento. España, por ejemplo, tardó 17 años en reducir a la mitad su diferencial de renta con la UE 15; algo que Portugal y Grecia todavía no han conseguido.

Las lecciones para los nuevos miembros de la UE están claras. Formar parte del club no es una panacea y los países continúan teniendo un amplio margen para acertar o errar en las políticas que afectan al crecimiento. Bienvenidos y escojan con cuidado.

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