A pesar de que Europa vive el periodo de paz y prosperidad más largo de su historia, el pesimismo embarga el espíritu europeísta que hizo posible poner en marcha el Mercado Común Europeo a través de la firma del Tratado de Roma en 1957. El sentimiento anticomunitario invade muchas ciudades de la Unión Europea (UE) y los ciudadanos no palpan con nitidez cuáles han sido y serán las ventajas de pertenecer a una UE fuerte.

La pregunta que nos hacemos desde el sur de Europa y, en concreto, desde Andalucía: regiones muy beneficiadas con su integración a la UE, a través de los Fondos Estructurales y de Cohesión, que han permitido elevar considerablemente su grado de desarrollo económico e iniciar un proceso de convergencia económica con respecto a la media comunitaria. Es ¿qué le ocurre a la UE y a sus ciudadanos? Las causas son muchas y de diversa índole: políticas (soberanistas, antisistema, europeísta y oportunistas), socioeconómicas (miedo popular, castigo a la clase política y descontento), etc.

Las causas pueden en ocasiones solaparse con las motivaciones pero en general cuentan con entidad propia: la consideración de Europa como cabeza de turco, la irresponsabilidad de parte de la clase política, la ausencia de liderazgo político, la ambigüedad del proyecto europeo y lejanía del mismo, el olvido del pasado reciente y la desaparición de la amenaza soviética, el impacto de la globalización y de la nueva situación geopolítica y neoeconómica mundial, el fenómeno de la inmigración, la inseguridad ciudadana asociada a menudo a la desaparición de las fronteras dentro de Europa y la ampliación de la Unión y la cuestión turca, etc.

Por tanto, en este artículo y sucesivos trataremos de ofrecer una visión más clara de la situación de crisis que actualmente vive la UE y sus principales problemas de cara a su resolución y su repercusión sobre Andalucía y su tejido productivo.

Una de las cuestiones que más debate y tensión ha creado en el seno de la UE ha sido la elaboración, negociación y aprobación de las ‘Perspectivas Financieras para el periodo 2007-2013’ (presupuestos de la UE). Las negociaciones de los 25 miembros de la Unión, celebradas en Bruselas los días 15 y 16 de diciembre, se han desarrollado en un contexto político y económico sumamente adverso. Por un lado, la crisis económica imperante en la zona euro (sobre todo Alemania, Francia e Italia) se ha traducido en una enorme presión sobre el presupuesto comunitario, que ha sufrido un recorte muy significativo en su cuantía global (1,045% del PIB o lo que equivale a 862.363 millones de euros a precios constante de 2004). Los seis países contribuyentes netos de la Unión (Alemania, Holanda, Suecia, Austria, Francia y Reino Unido) lograron el objetivo de disminuir su contribución. Los cuatro primeros minimizando lo más posible los presupuestos. Reino Unido manteniendo su famoso ‘cheque británico’ y Francia evitando que el recorte presupuestario salga de los fondos agrícolas (Política Agraria Común).

Respecto a España cabe decir que su espectacular crecimiento económico en el último decenio y la reciente ampliación al Este, ha situado a nuestro país muy cerca de la media comunitaria en término de renta (efecto estadístico). La combinación de estos tres efectos explica en último término por qué el saldo neto español a la UE se va a reducir tan notablemente en el periodo 2007-2013. Con todo, el saldo global del periodo continuará siendo positivo para España; el Fondo de Cohesión se prorrogará para tener en cuenta el llamado efecto estadístico de la ampliación; las regiones más desfavorecidas (Andalucía, Extremadura, Galicia y Canaria) continuarán recibiendo Fondos Estructurales; la Unión se implicará más aún en el control de los flujos migratorios y por último, se ha creado un Fondo Tecnológico, específico para España.

Pero paradójicamente el coste de la citada ampliación será asumido de forma inversamente proporcional a los más que imaginables beneficios de ésta. Es decir, España, siendo uno de los países que previsiblemente logrará menos provecho económico directo, financiará un 25 % de ésta. Además, rompiendo con el principio de proporcionalidad, contando nuestro país sólo el 8% de la renta bruta comunitaria, contribuirá a la citada ampliación con un 0,5% de su PIB, mientras que Alemania hará lo propio con un porcentaje que no llega al 0,20 y Francia con un 0,26.

Nunca antes se había enfrentado la Unión a una ampliación de sus Estados miembros más ambiciosa, si tenemos en cuenta el número (10 Estados se incorporaron en mayo de 2004 y, otros dos, Rumania y Bulgaria, en el 2007, y varios más, Croacia, Macedonia y Turquía podrían superar su estatus de candidato), como la exagerada diferencia de renta existente entre éstos (los nuevos) y la UE – 15.

Sin embargo, la alegría por la aprobación del presupuesto comunitario, no debe ocultar que estemos ante un acuerdo especialmente cicatero con las necesidades de la Unión y, sobre todo con los nuevos miembros. Por tanto, aunque el acuerdo permita cerrar un frente de los múltiples que tiene abiertos la UE y, de esta manera, contribuir a desbloquear el proceso de ratificación de la Constitución Europea. Esta negociación demuestra definitivamente que el método de negociación presupuestario está agotado desde el punto de vista de los intereses de la Unión en su conjunto. Es necesario buscar nuevas bases de un nuevo procedimiento presupuestario en el que los intereses de la Unión en su conjunto estén adecuadamente representados.

Para que el presupuesto comunitario adquiera carácter de definitivo, éste tiene que se aprobado por el Parlamento Europeo en los próximos meses. La Eurocámara ha rechazado el presupuesto por considerarlo insuficiente y poco solidario. Los eurodiputados pretenden aumentar la cuantía del mismo (hasta 1,093% del PIB), es decir, un aumento que oscila entre 1.500 y 4.000 millones de euro y aplicar nuevos criterios de redistribución del gasto. Por tanto, la cuestión presupuestaria en la UE sigue abierta y es previsible que se cree un conflicto competencial entre el Consejo Europeo y el Parlamento.