Acordar es más difícil y arriesgado que confrontar. Supone renunciar a parte de los intereses legítimos para llegar a un punto de encuentro con el resto de las partes implicadas en el acuerdo. Es un acto de responsabilidad, ya que los intereses particulares se orillan para buscar el interés común de todos. Si además se produce en un entorno complejo, provocado por una crisis económica que ha derivado en crisis social debido a las políticas erróneas de ajuste y recortes de la derecha, con unas posiciones que, de partida, son muy distantes, el acuerdo es aún más valioso porque entraña más renuncias y supone mayor compromiso de todas las partes que lo suscriben. Lo fácil en este caso es optar por que cada una de las partes se enroque en su postura y defienda de manera intransigente sus intereses particulares sin escuchar a los demás.

No es el caso de Andalucía. Aquí hace tiempo que optamos por la vía difícil del consenso, convirtiendo el acuerdo en un eje estratégico de nuestra comunidad. Apostamos por el consenso a través de la concertación social, un instrumento que, sin lugar a dudas, ha procurado a nuestra tierra el mayor periodo de crecimiento, desarrollo y progreso de toda su historia. Claro que ha sido insuficiente, pero no menos cierto es que sin la concertación Andalucía no hubiera podido reducir las enormes diferencias históricas que arrastraba con respecto a otros territorios del Estado. Nuestra tierra ha sido pionera en la política del consenso y la concertación, hemos comprobado que el acuerdo da sus frutos y es beneficioso para el interés general de los andaluces y andaluzas.

De nuevo volvemos a ser pioneros en la política del consenso, justo cuando no está de moda eso de acordar. Las centrales sindicales CCOO y UGT, la patronal CEA y el gobierno andaluz sabemos que ahora precisamente es cuando más necesario se hace el consenso, por eso hemos optado por la responsabilidad y por remangarnos para trabajar duro en un acuerdo que sirva para resolver los problemas de la gente. Este acuerdo es un punto de partida, desde el que nos hemos impuesto un itinerario de objetivos y políticas para cumplirlos, cuya meta final es el progreso económico y social de esta tierra y de sus ciudadanos, en definitiva, el interés general de Andalucía. En virtud del acuerdo, los firmantes nos comprometemos a colaborar para la recuperación del empleo y la reactivación económica de Andalucía, así como propiciar un modelo de crecimiento sobre los pilares de la competitividad de la economía, la sostenibilidad medioambiental, la cohesión social y la igualdad. Además de garantizar los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía.

Es una hoja de ruta con líneas estratégicas, que tendrán que ser implementadas con medidas y políticas concretas a lo largo de su desarrollo, que deberán ser dotadas con presupuesto suficiente para cumplirlas. Los firmantes somos conscientes de las limitaciones presupuestarias que tiene la Junta de Andalucía debido a la asfixia financiera impuesta desde el gobierno central con unos objetivos de déficit público imposibles de cumplir y con insinuaciones irresponsables de algunos ministros que ponen en duda la solvencia de las cuentas de la comunidad. Todo ello está provocando un estrangulamiento de la financiación para Andalucía, de ahí que hayamos incluido en el acuerdo un apartado específico sobre este aspecto crucial para la consecución de los objetivos propuestos, en el que denunciamos que nuestra comunidad es una de las que menor financiación per cápita recibe, abogando por reclamar al gobierno central una revisión del actual sistema de financiación autonómica y que se mejore la financiación acorde al peso de su población. También establecemos la necesidad de flexibilizar los objetivos de déficit impuestos al ámbito autonómico y que los recursos que se liberen por esa flexibilización se destinen prioritariamente a fortalecer la inversión pública, la reactivación de la actividad productiva real y la generación de empleo. Todo ello subrayando la importancia de la plena efectividad de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto en relación con la financiación de inversiones, que en Andalucía se traduce en una cuantía equivalente a su peso poblacional en los Presupuestos Generales del Estado. Eso sin olvidar un compromiso por reclamar el mantenimiento de los fondos de la Unión Europea para que nuestra comunidad crezca y reduzca las diferencias con otros territorios europeos así como de la PAC para nuestro desarrollo rural.

Además de este apartado, hemos consensuado otros ejes sobre los que actuar: el primero de ellos la dinamización del empleo en Andalucía a través de medidas e instrumentos para reactivar el mercado laboral andaluz, fortalecer el papel del Servicio Andaluz de Empleo, favorecer la formación y cualificación de los profesionales y luchar contra la economía irregular. Se apuesta igualmente por la negociación colectiva, a la que dedicamos otro apartado, y se señala la necesidad de la financiación de la actividad productiva en Andalucía, recogiendo una serie de actuaciones para la mejora de la inversión tanto pública como privada, la generación de más empresas y el mantenimiento de las existentes. A la inversión pública, la internacionalización de la economía andaluza, al I+D+i y a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación también hemos dedicado apartados específicos en el acuerdo, sin olvidarnos del fortalecimiento de nuestros sectores productivos y de la mejora de la regulación, la eficiencia y la simplificación de los trámites administrativos en la comunidad.

De especial relevancia es la inclusión de un bloque dedicado a la defensa de las políticas sociales en Andalucía, en la línea que CCOO viene proponiendo desde que comenzó la crisis: los derechos sociales recogidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía no pueden estar sometidos a los vaivenes de la coyuntura económica ya que son el principal instrumento que garantiza la igualdad para todos los andaluces y andaluzas con independencia del nivel de recursos económicos que tengan. De este modo, el acuerdo defiende la educación pública y de calidad, la protección de la salud desde un sistema público y la prestación de servicios sociales y atención a la dependencia también desde lo público. Además de recoger propuestas para abordar el drama social de los desahucios y el problema de acceso a la vivienda en Andalucía.

Es el mejor de los acuerdos posibles para Andalucía, con una potencialidad enorme si todas las partes, con el gobierno andaluz a la cabeza, trabajan para desarrollarlo. Nuestro sindicato ha hecho una apuesta por el consenso, sin embargo eso no nos impedirá ser extremadamente exigentes con las partes firmantes para que cumplan su responsabilidad ni que manifestemos nuestras críticas siempre desde lealtad al acuerdo.

Estamos convencidos de que hemos dado un paso fundamental para el progreso de la comunidad. Hemos hecho una apuesta arriesgada porque el objetivo merece la pena, una apuesta por el consenso para superar las dificultades y diferencias que nos separan, por trabajar conjuntamente a favor del interés general de Andalucía. No son tiempos para el conformismo ni la indiferencia, es el momento de dejar a un lado intereses particulares y arriesgarnos para resolver los problemas de los andaluces y andaluzas.

Francisco Carbonero Cantador, secretario general de CCOO de Andalucía