Según señala en un comunicado CEPES-A: “La vivienda es un bien indispensable del que no se puede prescindir. Es más, toda persona necesita de una vivienda para lograr su emancipación y desarrollo personal e incluso es básico para el desarrollo del resto de sus derechos sociales.
La Constitución española plasma en los llamados principios rectores económicos y sociales el derecho a la vivienda, además garantiza la función social de la propiedad. Nuestro Estatuto de autonomía da continuidad e incluso amplia y refuerza estos principios. A pesar de ello, el derecho a la vivienda ha tenido un desarrollo muy lento, exasperadamente parsimonioso, pues aun siendo elementos primarios de la dignidad humana y causante de problemas acuciantes, fundamentalmente entre las clases más desfavorecidas, no ha tenido un verdadero desarrollo efectivo que materialice el derecho en su realización formal y concreta.
Por otra parte, la conjunción de una crisis que ha provocado millones de personas desempleadas y una legislación hipotecaria abusiva y claramente favorable a los intereses de las entidades financieras, ha proporcionado el caldo de cultivo para que se estén produciendo innumerables desahucios. Lanzamientos que, desde que se inició la crisis, rondan los cien mil y que cada día que pasa supone el que cerca de cincuenta familias se queden en la calle por no poder afrontar el pago de sus hipotecas.
Desde la Economía Social andaluza se entiende que el ejecutivo andaluz, al que corresponde como poder público llevar a efecto y garantizar el derecho a la vivienda, ha dado un paso en el sentido adecuado al aprobar una norma que pretende garantizar la función social de la vivienda y reforzar la lucha contra los desahucios hipotecarios.
Reforzar las ayudas al alquiler, crear un nuevo régimen sancionador y establecer la expropiación temporal para los casos más graves de emergencia social de aquellas familias inmersas en procedimientos de desahucio hipotecario, son medidas valientes y sin precedentes que pueden ayudar a paliar el actual problema de acceso a la vivienda y la función social de ésta.
Por último, señalar que la vivienda es antes que nada un problema social y las formulaciones empresariales de Economía Social, aun teniendo una componente de iniciativa privada nacida del espíritu emprendedor y asociativo de sus socios, mantiene un carácter social en sus fines que las hacen totalmente compatibles con las iniciativas sociales publicas y se puede convertir, por tanto (al igual que está ocurriendo en otros sectores con unas características tan sociales como el de la dependencia, la inserción o la educación) en socio natural y estratégico en la solución del problema de la vivienda. Al respecto, la Economía Social se congratula que el próximo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación contemple el fomento de la autoconstrucción y el cooperativismo como medidas esenciales con las que afrontar el problema de la vivienda”, iforma CEPES-A mediante un comunicado de prensa.
