La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, ha informado de que, a lo largo de 2009, la Junta de Andalucía ha aprobado un total de 23.824 viviendas protegidas, el mayor volumen de los últimos 20 años. Además, la comunidad lidera el inicio de viviendas protegidas en España en los primeros nueve meses de 2009, con un total de 12.818, unos datos que, en opinión de la consejera, "revelan que una de cada cuatro viviendas que ha comenzado a construirse en España durante 2009 lo ha hecho en Andalucía".
En el encuentro sindical, organizado por UGT-A y CCOO-A y titulado 'La vivienda en Andalucía: un derecho, una obligación', Aguilar hizo un repaso por las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz para garantizar a los andaluces el derecho a una vivienda digna a precio asequible, hasta la aprobación -el pasado 17 de febrero- de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.
Recordó que el primero paso dado por el Gobierno andaluz fue el Pacto Andaluz por la Vivienda, suscrito en diciembre de 2007 por la Administración y los agentes económicos y sociales (CEA, UGT y CCOO), dentro del clima de concertación emprendido en 1993, "con el objetivo de diseñar y ejecutar la política económica de la Junta de Andalucía desde la negociación, la búsqueda del consenso y la participación institucional".
Un paso más adelante, añadió la consejera, fue el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, sustentado en la concertación social manifestada en el Pacto Andaluz por la Vivienda y con el acceso a la vivienda de la ciudadanía en régimen de propiedad o alquiler, la rehabilitación del parque residencial existente y el fomento de la disponibilidad del suelo urbanizado como las tres líneas de trabajo principales.
Dentro del Plan Concertado de la Vivienda y el Suelo también se contemplan ayudas a la rehabilitación y mejora de los edificios, subvenciones que durante los dos primeros años de vigencia del plan suman 99.923 actuaciones.
Apoyo a los jóvenes
Estos instrumentos han servido al Gobierno andaluz para acercar el acceso a la vivienda a unos de los colectivos con mayores dificultades para ello por sus condiciones económicas o sociales, entre los que se localizan los jóvenes, colectivo que engloba a 825.000 andaluces de entre 18 y 35 años, y con empleo que, según el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía IESA, desean emanciparse, si bien el 90% de ellos (unos 740.000) tiene unos niveles de ingresos que les dificulta el acceso a una vivienda.
Este apoyo específico ha tenido una traducción directa en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo, donde en torno al 70% de las ayudas en materia de vivienda tiene como destinatario a este sector de la población andaluza. Así, de las 132.000 viviendas protegidas previstas hasta 2012, el 70%, unas 90.000, estará destinado a ellos.
Al margen de estos instrumentos, Aguilar mencionó otras ayudas dirigidas a jóvenes, como la denominada Renta Básica de Emancipación, en colaboración con el Ministerio de Vivienda. Esta prestación, cuya cuantía asciende a 210 euros mensuales para el pago del alquiler durante un máximo de cuatro años, está dirigida a fomentar la independencia de jóvenes de entre 22 y 30 años que dispongan de una fuente regular de ingresos no superior a los 22.000 euros brutos al año y que sean titulares del contrato de arrendamiento de su vivienda habitual. Desde la entrada en vigor de la misma en enero de 2008, cerca 23.000 jóvenes andaluces vienen cobrando esta prestación.
Tras los pasos dados, la consejera ha destacado que el Gobierno andaluz cuenta con un nuevo instrumento como la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, una "pieza clave en la construcción de la igualdad real y efectiva, pionera en España y que ensancha los derechos sociales". Esta ley, ha añadido, es "fruto del diálogo y del consenso y, tras el reconocimiento estatutario y constitucional, el derecho a la vivienda da un salto cualitativo". "Juntos hacemos efectivo un derecho permitiendo a los ciudadanos que exijan ante los tribunales su cumplimiento", insistió.
Rosa Aguilar también ha destacado la incidencia que tiene esta Ley de manera directa en el desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento que impulsa el Gobierno de la Junta de Andalucía. "Se trata de una Ley progresiva para juntos construir el futuro", concluyó.
