Tradicionalmente, uno de los principales problemas que afrontan las PYMEs es el acceso a los distintos canales de financiación. Además de la propia autofinanciación, los instrumentos clásicos más utilizados han sido el descuento comercial y el crédito bancario. Sin embargo, en los tiempos que corren, los bancos analizan con lupa dichas operaciones, sometiéndolas a un análisis de riesgo exhaustivo que, a la postre, se convierte en un muro infranqueable para este tipo de empresas. Por otra parte, aquellos casos en los cuales se accede finalmente al crédito suelen verse penalizados con primas de riesgo adicionales, elevando el tipo de interés resultante de la operación. En este contexto económico, el papel de las Sociedades de Garantía Recíproca, más conocidas por las siglas SGR, se convierte en primordial. Nacidas en 1978 con el fin de facilitar el acceso de la PYME al crédito bancario, las SGR, son entidades mercantiles cuyo objetivo social es el otorgamiento de garantías personales por aval o por cualquier otro medio admitido en derecho distinto del seguro de caución, a favor de sus socios para las operaciones que éstos realicen dentro del giro o tráfico de las empresas de que sean titulares.
Se encuentran reguladas por la Ley 1/1994 de 11 de marzo sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, y por el Real Decreto 2345/1996 de 8 de noviembre, relativo a las normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las Sociedades de Garantía Recíproca.
Si nos centramos en la estructura financiera, el capital social mínimo de una SGR asciende a 1.8 millones de euros y se encuentra estructurado en participaciones sociales de igual valor nominal. La tenencia de dichas participaciones otorga a su poseedor el carácter de socio, el cual puede serlo como:
– Socio partícipe: Aquél a cuyo favor podrá prestar garantía la citada sociedad y habrá de pertenecer al sector o sectores de actividad económica mencionados en los estatutos y al ámbito geográfico previamente delimitado. Se requiere un numero mínimo de 150 socios participes (PYMES), los cuales tienen responsabilidad limitada.
-Socio protector: Son, en su mayor parte, instituciones públicas (Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cámaras de Comercio, etc.) cuyo objeto es prestar apoyo a la PYME. La participación en el capital social de todos los socios protectores no podrá exceder del 50% de la cifra mínima de capital recogida en los estatutos sociales.
A todos los efectos, las SGR son consideradas entidades financieras y, como tales, se encuentran inscritas en el Registro Oficial de Entidades Financieras, además de contar con la supervisión y el control del Banco de España. En la actualidad, constituyen un instrumento de promoción empresarial, prestando servicios de orientación, asistencia y asesoramiento financiero a la PYME, al tiempo que facilitan su acceso al crédito. En particular, realizan las siguientes funciones:
– Avalan a sus socios partícipes ante las instituciones financieras.
– Asesoran al socio partícipe sobre las condiciones del mercado financiero.
– Estudian proyectos de viabilidad empresarial.
– Negocian para sus socios líneas preferentes de financiación.
En principio, las SGR pueden avalar cualquier tipo de proyecto siempre que éste resulte viable desde el punto de vista financiero. La única condición es que la empresa avalada pertenezca a la misma Comunidad Autónoma que la SGR a la cual se dirige. En Andalucía, operan actualmente tres Sociedades de Garantía Recíproca, a saber:
– CREDIAVAL, SGR (Córdoba).
– AVALUNION, SGR (Jaén, Granada, Almería y Málaga).
– SURAVAL, SGR (Sevilla).
Llegados a este punto, me gustaría incidir en los efectos colaterales asociados a la actual crisis financiera, sobretodo aquél que, a mi juicio, más perjudica a la PYME. Me estoy refiriendo al endurecimiento generalizado de las condiciones del crédito bancario. No cabe duda que, de continuar esta situación, muchas pequeñas y medianas empresas tendrán que contemplar, irremediablemente, la ayuda ofrecida desde las SGR para asegurar su supervivencia; todo un pasaporte a la financiación.
