La precampaña y la campaña electoral de las elecciones del 9 de marzo ha estado marcada por los temas económicos y sociales. Los debates electorales centrados entre el cara a cara de los candidatos de los dos partidos mayoritarios (Zapatero y Rajoy) y los dos representantes económicos de cada partido (Pedro Solbes y Manuel Pizarro), pusieron de manifiesto la preocupación por las cuestiones económicas y las diferentes recetas para afrontar los problemas económicos a que se está sometiendo la economía española.
La percepción ciudadana sobre los asuntos económicos se ha ido deteriorándose conforme avanza los meses. Según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) del mes de enero, los cuatro principales problemas de los españoles son el paro (43,8%), económicos (39,2%), el terrorismo (35,1%) y la vivienda (29,1%). Sobre la situación económica poco más del 16 % de los encuestados cree que es buena o muy buena; un 41,8% piensa que es regular y un 40,3% piensa que es mal o muy mala.
Superadas las elecciones con la victoria del partido socialista (PSOE, 169 – PP, 154 diputados), el nuevo presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, y su ministro de Economía y Vicepresidente, Pedro Solbes, deberán afrontar una situación económica en la que el frenazo inmobiliario y el alza del paro y de los precios acaparan la atención del país.
La legislatura que ahora concluye (2004 – 2008) ha sido un periodo de importantes avances en materia de bienestar para los ciudadanos. El crecimiento económico ha alcanzado el 3,7% de media y ha venido acompañado de un intenso proceso de creación de empleo, que ha permitido que el número de personas ocupadas haya superado los 20 millones, tres millones más que a principios de legislatura. Se ha dado también pasos significativos en el área de protección social, con medidas como la Ley de Dependencia, la subida del salario mínimo interprofesional y las pensiones mínimas o la ampliación de la cobertura de las prestaciones por desempleo, etc.
Sin embargo, a diferencia de las últimas cuatro convocatorias, la situación económica a la que deberá enfrentarse el nuevo gobierno socialista presenta ahora problemas de ajuste importantes. Pedro Solbes volverá a repetir en su puesto, pero su reincorporación a su despacho se efectuará en condiciones muy diferentes a las de la última legislatura. Ya no será suficiente administrar el crecimiento, sino que deberá buscar fórmulas eficientes para gestionar un modelo económico que necesitará reformas inteligentes para tranquilizar a la población española sobre las incertidumbres económicas.
Nadie duda de que la economía española, tras la fuerte recesión que sufrió en 1993, ha mantenido una fuerte expansión, excepcionalmente larga, creciendo a una tasa media del 3,5% durante catorce años seguidos y lo normal es que ahora entre en una nueva fase de desaceleración. Esta fase expansiva tan larga ha sido posible gracias a una serie de factores exógenos o exteriores que han favorecido su crecimiento. El primero ha sido la entrada de España en el Sistema Monetario Europeo y en el euro, que ha permitido que los tipos de interés cayesen más de diez puntos entre 1994 y 2000, unido a una política monetaria única del Banco Central Europeo (BCE) que ha sido más expansiva para España que para otros países de su entorno (Alemania e Italia). El segundo factor ha sido el choque de la inmigración, ya que, a partir de 2001, han entrado en España casi cuatro millones de extranjeros, jóvenes y con muchas ganas de trabajar, que han dado un segundo empujón a la actividad económica española.
El llamado milagro español se fraguó sobre todo en aras de dos únicos sectores: la construcción/inmobiliario que aporta el 15% del PIB y el turismo con el 7%. Actividades con fuerte utilización de mano de obra que, con la llegada de la crisis internacional, comienza a sufrir de manera visible. El problema es que el milagro español se basó sustancialmente en sectores de la vieja economía y baja inversión en las llamadas nuevas tecnologías: la inversión en I + D se sitúa en el 1,1 del PIB y el gasto en educación no supera el 4,5%. No es causalidad que los productos españoles sean escasamente competitivos y que el déficit por cuenta corriente del país supere los 100.000 millones de euros.
En el horizonte de la economía española se perfilan algunos nubarrones muy negros. A los tradicionales problemas de control de la inflación, de la baja productividad y el déficit comercial, la economía española se enfrenta, además, a una profunda crisis del sector que ha sido motor principal del crecimiento de los últimos años (construcción/inmobiliario). A ello hay que unir el repunte del paro, una fuerte revalorización del euro frente al dólar (1,59 dólar), el elevado precio de las materias primas y de los minerales, pero sobre todo, el del petróleo, que ya supera los 100 euros. A este panorama se une las incertidumbres económicas que producen la crisis de las hipotecas basuras procedentes de los EE.UU: descenso de los mercados bursátiles y falta de liquidez en el sistema financiero mundial como consecuencia de la desconfianza existente entre los bancos sobre la profundidad y alcance de la crisis norteamericana y su repercusión sobre la economía real..
El nuevo gobierno y, sobre todo, el equipo económico de Pedro Solbes, tendrá que tomar decisiones importantes para reactivar la coyuntura económica muy castigada por los datos negativos de la inflación y del desempleo, además de cumplir las promesas electorales realizadas por Zapatero durante la campaña electoral: rebaja fiscal de 400 euros por contribuyente; creación del observatorio de precios; ayuda a los desempleado sin protección con 350 euros durante tres meses; medidas para reactivar el sector de la construcción; ampliación del plazo hipotecario a las familias con dificultades económicas; fomentar el alquiler y liberalizar la economía para conseguir más competencia en los distintos sectores económicos: además de atender a la coyuntura económica se deberá prestar especial interés por ir creando un nuevo modelo económico, basado en sectores que demandan más I + D para ganar productividad y realizar reformas estructurales en determinados sectores económicos (energía, telecomunicaciones, etc) para ganar competitividad en una economía cada vez más globalizada.
