La provincia de Jaén recibirá un total de 23,38 millones de euros en el marco del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía, Proteja, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 9 de diciembre. La delegada del Gobierno, Teresa Vega, ha detallado los datos provincializados de este programa que contempla una cuantía global para Andalucía de 360 millones de euros, y que servirán para financiar obras municipales realizadas por pequeñas y medianas empresas (pymes) que contraten a desempleados, con el objetivo fundamental de "generar empleo y con ello, contrarrestar los efectos de la actual crisis económica que está azotando a los países desarrollados".
Teresa Vega ha resaltado que este programa "supone una suma de esfuerzos" con el Fondo Estatal de Inversión Local del Gobierno de la Nación, que va a permitir que la provincia de Jaén reciba una inyección de 141 millones de euros. En este sentido, la delegada ha recordado que el programa se aprobó con carácter de urgencia y ya se están recibiendo las primeras solicitudes, ya que el plazo de presentación finaliza el próximo 23 de diciembre.
"Estamos hablando de un instrumento único que, estoy segura, junto al Fondo Estatal, es una inyección sin precedentes no sólo para los municipios y las infraestructuras públicas, sino también para las pequeñas y medianas empresas de esta provincia de un sector como el de la construcción, que necesita de un impulso que lo revitalice", ha comentado.
La delegada del Gobierno ha recordado que la previsión en Andalucía es que los planes estatal y autonómico beneficien a un total de 40.000 desempleados y, además, como novedad, incluyen una partida para un plan formativo, con el objetivo de que los desempleados que finalicen su participación en las obras municipales puedan formar parte con carácter obligatorio en cursos de recualificación hacia profesiones emergentes con el objetivo de que encuentren un empleo a posteriori. Durante su participación en las acciones formativas, aquellos desempleados que no cobren ninguna prestación tendrán derecho a recibir una beca durante tres meses equivalente al IPREM (516,9 euros al mes).
Distribución
Teresa Vega ha explicado que para llevar a cabo la distribución del llamado programa Proteja se ha tomado como indicador un coeficiente que combina en un 20% el peso de la población del municipio, en un 50% el paro registrado y en un 30% la evolución en el último año de la proporción entre el número de parados y el total de habitantes de la localidad. En este sentido ha indicado que "es el mejor indicador para revitalizar tanto el mercado laboral como el sector productivo de forma estratégica, inyectando más fondos allí donde más se necesitan y teniendo como principal indicador el desempleo y el incremento registrado en los últimos meses, de forma proporcional al global de la población de un municipio".
Asimismo, la delegada del Gobierno ha detallado que la Junta de Andalucía prioriza la actuación en los municipios con menos de un millar de habitantes, donde se garantiza un fondo mínimo de 1.754,96 euros por desempleado o 111,67 euros por habitante.
En lo que al sector empresarial se refiere, el Gobierno andaluz pretende beneficiar de forma especial a las pequeñas y medianas empresas de la construcción. Con este fin, el Decreto Ley establece el requisito de que las obras municipales deberán ser ejecutadas por empresas privadas. Por su parte, las empresas adjudicatarias deberán contratar a desempleados mediante oferta al Servicio Andaluz de Empleo para cubrir la mano de obra necesaria. Teresa Vega ha explicado que las inversiones se realizarán entre los años 2009 y 2010 y que los proyectos deberán ser de competencia municipal, de nueva planificación y de ejecución inmediata. Asimismo, las actuaciones para las que se soliciten fondos no deberán estar incluidas en el presupuesto municipal de 2009 y tampoco estar financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local.
De acuerdo con la norma, podrán acogerse al Proteja actuaciones para la rehabilitación, acondicionamiento y mejora de los espacios destinados a la localización de empresas como parques y polígonos empresariales; construcción y mejora de instalaciones públicas para servicios básicos a la ciudadanía, tales como la salud, la educación o los servicios sociales; la eliminación de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad; conservación del patrimonio municipal, entre otras.
Los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y la Diputación (en los de menos de 20.000) tras presentar la solicitud, contarán en primer lugar con una resolución de la Consejería de Gobernación antes del 31 de diciembre próximo. A partir de ese momento, las entidades locales dispondrán de dos meses para presentar los proyectos concretos y la documentación correspondiente. En este periodo una Comisión Provincial de Valoración supervisará toda la documentación y requerirá las modificaciones oportunas, después se procederá a la adjudicación de la obra y, por último, a su finalización y justificación, que en todos los casos debe producirse 30 días después de la finalización de la obra y en ningún caso puede sobrepasar el límite del 30 de junio de 2010.
