Se acumulan cinco años de dura crisis. 2009 significó el año más bajo de nuestra evolución económica reciente y 2012 no le ha seguido muy atrás. La recesión económica española y europea se acrecienta en más de seis trimestres de evolución negativa y las políticas efectuadas por los Estados miembros de la UE y por la propia Unión, no sólo no frena esta caída, sino que la siguen profundizando con los ciegos objetivos de llevarnos a una cura de adelgazamiento que la mayoría de la población difícilmente va a poder aguantar.
En este contexto en España disminuye la demanda interna, desaparece la inversión privada y pública y baja a niveles mínimos ya no solo el empleo sino también el poder adquisitivo de los que mantienen el trabajo o los que reciben una pensión pública.
En estas condiciones los autónomos, el eslabón más débil de la cadena económica, y que nos dedicamos en particular a ofrecer nuestros bienes y servicios a familias y particulares, difícilmente podemos mantener nuestros negocios y actividades. En todas las crisis la evolución del trabajo autónomo, especialmente en sectores sensibles como el comercio o el transporte, se convierte en el mejor termómetro para medir la temperatura de la economía real. En este momento está en su nivel más bajo.
Pero sigue siendo el colectivo que más resiste. Las empresas de mayor dimensión se desentienden rápido de sus trabajadores en cuanto ven acercarse las nubes de tormenta. Los autónomos mantienen el empleo mínimo mientras ellos están en ejercicio y por supuesto su actividad sigue viva aunque sea a muy débil ritmo.
Así en el conjunto de España perdimos 47.017 autónomos en el año 2012. Un drama, pero en porcentaje tan sólo representa una disminución en el entorno del 1,5%. En Andalucía los datos son algo mejores. Se perdieron 5.199 autónomos, no llega a una baja del 1,2%.
2013 debería tener un mejor comportamiento, pero depende no solo de la evolución de la economía general, sino en especial de la apuesta de las Administraciones Públicas, que no pueden ser neutrales a la hora de apoyar los pequeños negocios regentados por personas físicas, y en especial a los nuevos emprendedores.
En Andalucía se dio un buen paso con la aprobación de la Ley de Fomento del Trabajo Autónomo, pero todavía estamos muy lejos de ver el cumplimiento de los compromisos contemplados por la norma. Las partidas presupuestarias dirigidas a esta finalidad se han reducido y sólo con imaginación no funciona la economía.
A nivel estatal la denominada ‘Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven’ ofrece medidas que pueden ser eficaces, pero tan reducidas para los tramos de edad de hasta los treinta años que sus efectos serán escasos. Ahora se espera la tan anunciada Ley de Emprendedores, que puede realizar aportaciones de interés en materia fiscal y seguridad jurídica, pero quizá también se quede algo corta en sus objetivos.
En todo caso la posible solución, más allá de la recuperación de la demanda interna, pasa por el crédito y la financiación. El sector financiero privado no tiene voluntad o capacidad para dar respuesta, sólo el sector público puede venir a suplir esta ineficacia del mercado. Hoy son necesarios miles de créditos pequeños, el entorno de 15.000 euros anuales para circulante y 25.000 para inversión, que, bien sea Europa, el Estado o las CCAA deben poner a disposición de la red más importante de empresas en nuestro país, la de los trabajadores autónomos.
Sebastián Reyna Fernández, secretario General de UPTA España
