Hay asuntos en los que los ciudadanos deberíamos estar más protegidos por nuestros gobernantes y partidos del arco parlamentario. Uno de ellos es lo que está ocurriendo con los 905, similar a lo que ocurriera con los 800, con lo que el asunto, para más inri, viene de lejos.
Los 905 son unos teléfonos que utilizan las cadenas de televisión para concursos de programas prime time (franja de mayor audiencia), y asimismo televisiones no nacionales, entre ellas las locales para determinados espacios de ruletas, preguntas a menudo "capciosas" o muy fáciles que enganchan a los espectadores bajo el truco, de es muy fácil, sigan llamando. Por supuesto, en estos casos, o no te cogen la llamada o te mantienen a la espera, con lo que el negocio es doble, para los operadores y para los poseedores de la línea.
La particularidad de la "nueva estafa", consiste (y esto afecta también a los programas estrellas de las grandes cadenas), en que el espectador, mayormente espectadora, ha hecho una, dos o diez llamadas y sin embargo a la hora de facturación éstas se multiplican por diez, veinte o cien, según los casos. ¿Cómo es posible esto?, muy fácil, la llamada atrapada, se repite segundo a segundo hasta que el operador desconecte. Se han conocido casos en los que la facturación ha ascendido por encima de los 6.000 euros. En otros casos 500, 400, o más. Técnicamente es imposible que un usuario llame con esta constancia y reiteración, por lo que el asunto ha llamado la atención de las asociaciones de consumidores que se han aprestado a denuncias masivas.
La Facua, Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Sevilla, por ejemplo, ha denunciado la facturación masiva de llamadas 905, no realizadas por los usuarios. La Asociación ha recibido reclamaciones con facturas de decenas, cientos e incluso miles de llamadas falsas. Las denuncias se han puesto en conocimiento de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y del Instituto Nacional de Consumo. Este hecho si bien está siendo resaltado desde final de año pasado, viene ocurriendo desde hace meses. Esta organización se ha visto obligada por la multitud de casos a poner una página web al servicio de los afectados, www. facua.org/905.
La magnitud de estas irregularidades ha provocado numerosos foros de alerta en Internet. Los afectados son clientes de diferentes compañías como Telefónica, Ono, Movistar, Vodafone u Orange. Y han sido atrapados en concursos de las grandes cadenas, varias de la TDT, y otros medios. Estas compañías se desentienden y ante las reclamaciones te envían un escrito diciendo que las llamadas han sido realizadas. Son ya alrededor de 40 números del 905 sobre los que se han detectado irregularidades. Y tan sólo una compañía, Orange, ha supuesto como posibilidad que los contestadores de los 905 se autollamen hasta el final del concurso. Pero hemos podido investigar sobre usuarios que han recibido facturaciones de llamadas en horas que no había nadie en casa, ni tampoco en horario de emisión del programa.
Algunos de los casos denunciados por Facua, incluyen facturas de señoras que han realizado más de 900 llamadas seguidas en dos días. Por lo visto estas señoras no tenían otra cosa que hacer en 48 horas… El suceso como podrán comprender es muy grave, de tal magnitud, que ha provocado serios disgustos en las familias afectadas, incluso por personas que han creido más al principio a las compañías arremetiendo contra sus parejas por el abuso del teléfono. En la denuncia que los letrados de Facua hacen en defensa de los consumidores se alude el histórico de facturación de los afectados y la imposibilidad de reiteración, la duración y la sospechosa igualdad de los importes, por lo que pide a las compañías que no corten el suministro. Telefónica y Ono, cobran 1,10 euros más iva por llamada si al 905 le sigue un 4, lo que ocurre en la práctica totalidad. Movistar 1,50 por llamada más Iva. Vodafone, 1,15 más iva. A estos precios hay que sumar las cantidades al minuto y los casos en que se llega a 3 minutos.
¿Qué debería hacer el gobierno y los defensores públicos?…, no parecería alejado de la defensa de los intereses de los ciudadanos, la suspensión inmediata de estos servicios hasta que se aclarasen las irregularidades. Pero se prefiere aplicar el "laissez faire", lo que parece poco democrático para los defensores de los ciudadanos, gobierno y oposición, que cobran por ello, sin que les afecte la situación económica o el paro.
