La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, se han reunido en Sevilla para analizar el anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda.

Tanto Toscano como Gutiérrez destacaron que el Pacto por la Vivienda es "una promesa perfectamente realizable" y pusieron de relieve que servirá para dar respuesta a las necesidades de la generación de andaluces de entre 20 y 35 años, porque la vivienda "ya no es un problema social, sino generacional".

La consejera anunció también que en los próximos días se reunirá con las que son, junto a los ayuntamientos, las otras dos "patas" del Pacto, las entidades financieras y los empresarios y los sindicatos.

Tras su reunión con Concepción Gutiérrez, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, indicó que el Pacto por la Vivienda en Andalucía no supondrá un esfuerzo económico para los ayuntamientos, sino "sólo trabajo y dedicación de los políticos".

Toscano aseguró que la Ley del Derecho a la Vivienda, por la que se crearán 300.000 nuevas viviendas en diez años, "no va a regalar nada a nadie", y que las administraciones autonómica y municipal se limitarán a intervenir suelo para construir a precios de mercado.

Así, los ayuntamientos y la Junta no financiarán la totalidad de las viviendas -si bien se reservará una parte para personas con menos recursos a las que sí se darán subvenciones-, sino que disminuirán el coste de estas hasta un precio de entre 100.000 y 120.000 euros destinando más suelo a las VPO.

En la reunión que mantuvieron, ambos dirigentes acordaron favorecer a los ayuntamientos que se muestren más dispuestos a colaborar en la aplicación de la medida, a los que "se priorizará" a la hora de financiar equipamientos para los municipios.

Toscano confió en que todos los mandatarios municipales colaborarán con el Pacto por la Vivienda, asegurando que "ningún alcalde se va a oponer" ya que "sean del signo que sean, tienen claro que en la gran mayoría de las ciudades andaluzas hay necesidad de vivienda".

Ambas instituciones acordaron además realizar un estudio sociológico en aquellos municipios que así lo soliciten para determinar el número de familias que están en situación de beneficiarse del proyecto, su tipología, su nivel de renta y el tipo de vivienda a la que necesitan acceder.