En su informe publicado recientemente, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) constata que la situación del sector silvícola en la UE no ha sido objeto de unos análisis específicos que justifiquen una ayuda financiera destinada a aumentar el valor económico de los bosques. Los Estados miembros utilizaron la medida para financiar operaciones que no se correspondían con los objetivos del programa y que se habrían financiado de manera más adecuada a través de otras medidas con distintos requisitos de admisibilidad y tipos de financiación de la ayuda, por lo general inferiores.
La medida específica 122 «Aumento del valor económico de los bosques» se introdujo por primera vez para el período presupuestario de la UE 2007-2013, con un importe total asignado de 535 millones de euros. La auditoría del TCE reveló deficiencias generalizadas en el programa, tanto en la concepción, como en la ejecución y en el seguimiento de la medida. Los auditores concluyen de que la Comisión y los Estados miembros no gestionaron de manera eficiente y eficaz los aspectos de apoyo al aumento del valor económico de los bosques examinados en su auditoría. Dado que está previsto que se mantenga este programa de ayuda para el siguiente período presupuestario 2014-20, el TCE ha propuesto una serie de mejoras para asegurarse de que el programa aporta un valor añadido de la UE.
El TCE observa que solo unos pocos de los proyectos auditados aumentaron significativamente el valor económico de los bosques, ya fuera mediante una mejora del valor del terreno, (construcción de caminos y pistas forestales) o del valor de la masa forestal (operaciones silvícolas como la poda o el clareo). También se observaron casos de ayuda pública desproporcionadamente elevada.
En vista de los resultados del actual programa, el TCE recomienda que la Comisión lo revise definiendo en primer lugar en qué consiste el valor económico de un bosque, y a continuación evaluando las necesidades de la UE para aumentar el valor económico, y definiendo claramente los elementos principales que garantizarían que las ayudas de la UE se destinan a satisfacer esas necesidades. El TCE también insta a los Estados miembros a que pongan en marcha procedimientos adecuados para garantizar que la ayuda resulta realmente eficaz para aumentar el valor económico de las zonas forestales en las que se han realizado las inversiones.
El TCE constató que los Estados miembros no determinaban el valor de las superficies forestales antes y después de las inversiones ni exigían a los beneficiarios que lo hicieran, por lo que resulta muy difícil evaluar si la ayuda de la UE ha aportado algún valor añadido.
