Algunas personas tienen cierta fobia al número 13 y coloquialmente se le conoce como el “número de la mala suerte”. Hay muchas teorías que intentan argumentar el origen de esa creencia pero lo cierto es que, más allá de supersticiones, el 2013 ha sido un año malo. Malo para la igualdad, para la educación, para la sanidad, para el empleo, para los derechos laborales y, en consecuencia, malo para la ciudadanía y para la democracia.
Una de las teorías que buscan explicar el origen de ese “mal agüero” que se le atribuye al número 13 habla de que Satán era el 13º ángel. Para la mayoría ciudadana que ha visto cómo se perdían su empleo, sus prestaciones y sus derechos, ese 13º ángel tiene nombre de partido político y se llama PP. Porque el gobierno central ha hecho suya en este 2013 la frase de “todo para el pueblo pero sin el pueblo” para transformarla en “todo para los poderosos a costa del pueblo”.
En este segundo año de Gobierno, el PP ha mantenido su senda continuista de recortes dejando un reguero de víctimas en su camino encabezadas por los derechos, el empleo y la igualdad, que han dibujado un panorama desolador con seis millones de personas desempleadas en España, un millón y medio de ellas en Andalucía, más de tres millones de personas sin ningún tipo de prestación, de las que 750.000 residen en nuestra comunidad, y más de 1.800.000 hogares con todos sus miembros en paro.
Ante esos datos el calificativo de malo ya se queda corto, pero si a ello le añadimos una lista interminable de recortes de derechos y de privatizaciones, a veces explícitas como la del copago sanitario, y otras veladas como la de la reforma de las pensiones o la LOMCE, el calificativo más adecuado para definir el 2013 sería nefasto.
La educación, pilar fundamental para la democracia, ha visto tambalear sus cimientos de la mano de un ministro retrógrado y dictatorial, que parece estar sordo ante el clamor ciudadano que le ha exigido primero la no aprobación y luego la retirada de la LOMCE y que no contento con eso, ha restringido los requisitos para poder acceder a las becas, ha incrementado las tasas universitarias y está dispuesto a acabar con la igualdad de oportunidades en la educación. Pero no nos equivoquemos, esa política discriminatoria que no conoce límites no es más que un eslabón de la cadena que dirige el presidente Mariano Rajoy, y que tiene un fin claro, que solo puedan formarse los hijos e hijas de las clases pudientes. No olvidemos que a más formación, mejor salida laboral. Mantener el binomio rico-pobre es más que evidente en sus pretensiones.
Al Gobierno tampoco le ha temblado el pulso a la hora de atacar el otro pilar del estado social: la sanidad, instaurando el copago sanitario y acabando con el concepto de universalidad en la protección de la salud y en la atención sanitaria. Ya no todas las personas pueden acceder a la sanidad pública en las mismas condiciones y, solo por poner un ejemplo, los mayores de 26 años, las personas divorciadas o los minusválidos con un grado inferior al 65%, deben demostrar que no alcanzan determinado nivel de rentas para poder recibir la asistencia sanitaria. Como si las enfermedades entendiesen de cuentas bancarias. Las personas inmigrantes sin permiso de residencia quedan aún en peor situación ya que la reforma recoge que únicamente podrán recibir cobertura sanitaria de carácter urgente y por embarazo, parto y postparto. Estas nuevas condiciones, además de discriminatorias y de vulnerar un derecho esencial, se traducen en un colapso de las urgencias en nuestros hospitales.
2013, el año que muchas personas supersticiosas estaban deseando que acabara, ha sido también el año del exterminio de la dependencia y el año en el que se han sentado las bases, de manera sibilina, para acabar con el sistema público de pensiones, condenando al raquitismo económico a los sectores más vulnerables de la población, dependientes, mujeres y personas mayores.
Como era de esperar el Gobierno central se ha mantenido fiel a los mercados y la crisis ha seguido siendo la excusa bajo la cual ha materializado sus reformas, entre las que se encuentra la laboral, una reforma que, en palabras del propio Gobierno, se hizo para crear empleo y que, a año y medio de su entrada en vigor, lo único que ha generado ha sido la marcha de miles de jóvenes fuera de España en busca de una salida profesional, desesperanza, precariedad y 984.320 empleos destruidos de los que 719.500 eran indefinidos.
La negociación colectiva ha sido la gran víctima de esa reforma laboral, que ha dado todo el poder a los empresarios, lo que ha acabado generando descuelgues y recortes salariales, destrucción de derechos laborales y el bloqueo de una gran cantidad de convenios debido a la pérdida de la ultraactividad.
Lo cierto es que el Gobierno no mintió cuando dijo que la reforma laboral era buena, lo que ocurre es que la frase estaba incompleta, le faltaba el para quién. A estas alturas esa respuesta es evidente.
Esta claro que no para la ciudadanía, a la que ahora se le intenta acallar a golpe de leyes absurdas más propias de épocas oscuras de la historia de España que del siglo XXI. La llaman Ley de Seguridad Ciudadana pero, en realidad, lo único que busca asegurarse es mantener callada a una mayoría que está empezando a darse cuenta de que, como siempre hemos defendido en CCOO, hay alternativas para salir de la crisis que no sean a base de pisotear los derechos y la igualdad.
La ciudadanía ha tenido mucho miedo en 2013 y frases como las de ‘tener un empleo es un privilegio’, ‘que al menos me quede como estoy’, ‘ahora hay que trabajar todo lo que se nos pida aunque ganemos menos y tengamos peores condiciones’, se escuchan cada día en las conversaciones de las personas de a pie, pero no es menos cierto que esa misma ciudadanía ya está cansada de aguantar ‘todo lo que le echen’ y el gobierno sabe que para que cambie su oculta pretensión de ‘todo para los poderosos a costa del pueblo’ solo hace falta un estallido social cada vez más cercano. Ese es el objetivo de su Ley de Seguridad, asegurar que se mantiene el ‘status quo’ que están dibujando ellos mismos aprovechando su mayoría absoluta.
Y quieren mantenerlo mientras se lo permita esa posición parlamentaria, como lo demuestran los Presupuestos Generales del Estado que han aprobado para 2014. El presidente del Gobierno los ha llamado los presupuestos de la recuperación. Sencillamente es mentira, porque cómo se recupera una ciudadanía con unos presupuestos que siguen en la senda de la destrucción de servicios tan esenciales como la educación, la sanidad, la dependencia, la administración local o las políticas activas de empleo. Si en algo se está volviendo un experto este Gobierno es en tratar de engañar a la población con un positivismo que nada tiene que ver con la realidad de sus políticas.
Para nuestra tierra el 2013 tampoco ha sido un buen año con el agravante de que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha dejado escapar una oportunidad de oro para hacer una política diferente a la del Gobierno central y ha tomado el seguidismo como norma. Partiendo de que su capacidad está limitada por los Presupuestos Generales, la Junta no ha sabido, o no ha querido, plantarle cara al Gobierno central para reclamarle un aumento del tope de déficit para Andalucía y un menor recorte presupuestario. El resultado de ese buenismo es que los andaluces y andaluzas tendremos que afrontar el 2014 con un recorte presupuestario de 1.200.000 millones de euros y con unos presupuestos que siguen sumando recortes que debilitarán, aún más, los servicios públicos y las políticas sociales, al tiempo que siguen sin apostar por la reactivación económica y la generación de empleo que es lo que necesita nuestra comunidad.
El Gobierno andaluz parece más preocupado por cuestiones de partido que por la ciudadanía porque no se explica que teniendo en Andalucía un instrumento tan potente como la concertación social, que ha propiciado grandes beneficios a la ciudadanía desde 1993, cierre su VII Acuerdo con el mayor grado de incumplimiento de compromisos de sus veinte años de historia. No se trata de repensarse la utilidad de este mecanismo sino de aplicarlo. La concertación es útil si se aplica, no hay que darle más vueltas, igual que los planes de choque para el Empleo, cuya falta de eficacia se debe a una deficiente gestión del Gobierno Andaluz. 2013 ha sido un año complicado para la mayoría ciudadana, también para CCOO, con convocatorias de centenares de movilizaciones y concentraciones, todas con un denominador común, la defensa de los derechos, del empleo, de las pensiones, de la educación, la sanidad, la igualdad y, en definitiva, del estado social y de los valores democráticos que conforman la dignidad de las personas y de todo un país.
Dicen que el 13 es un número de mala suerte, en CCOO pensamos que también significa cambio, transformación, por eso en 2014 nuestro objetivo seguirá siendo trabajar para que la senda destructiva del Gobierno dé paso a la senda de la democracia y la justicia social. Y, pese a los obstáculos, a las medias verdades y al ataque al único muro de contención que le queda a la ciudadanía para hacer frente a los recortes y ataques de la derecha política, CCOO seguirá negociando y movilizando para defender a todos los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del privado, luchando para conseguir la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, el fortalecimiento de la protección social y la generación de empleo. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro ADN.
Francisco Carbonero Cantador, secretario general de CCOO de Andalucía
