Nos ha tocado vivir una nueva encrucijada de la historia, plagada de incertidumbres, donde abundan los indicadores de dirección y no aparece ninguno de destino. Las secuelas más dramáticas de esta crisis se han producido sobre el empleo, a cuyo remedio todos los esfuerzos deben converger. Ese es el tema de nuestro tiempo. Pero es preciso advertir de otros efectos igualmente devastadores sobre vínculos, ideas y consensos que toman cuerpo en ofensivas sobre criterios de justicia social y en crisis institucionales, que afectan al paradigma sociopolítico. Ello trae a la política un desafío de primera magnitud: la reconstrucción de erosionados consensos básicos, y la ideación de otros nuevos, negándonos a aceptar que la única fuente de normatividad de nuestras vidas provenga del ámbito económico. Y para ello es imprescindible acudir de nuevo a la vieja idea de participación, inescindible de la idea de democracia, para fundar nuevas esperanzas en el procedimiento participativo frente a desilusiones justificadas. No creo que sea posible devolver los problemas a otros ámbitos, algunos casi teológicos, a los que puede suponérsele una tradicional competencia para la comunicación paradójica, pero que devienen inútiles para resolver problemas sociales.
Desde la capacidad movilizadora de la promesa participativa contenida en nuestra Constitución, y en el Estatuto de autonomía, es preciso introducir vectores promocionales y corregir insuficiencias en todos los espacios, también en la sociedad civil, que debe promover una participación más fluida para definir mejor las necesidades y las propuestas. En momentos en que la elección política abre la posibilidad de cambios de curso con consecuencias difícilmente revisables, es cuando más útil resulta la participación institucional de los ciudadanos. Y en esa lógica participativa se inscriben los Consejos Económicos y Sociales como espacio de interacción entre gobierno y sociedad civil que alimenta la legitimidad sustantiva a las decisiones. En un contexto en que estamos atrapados entre dos frentes tormentosos, el económico y el social, su propia denominación da cuenta de la interdependencia de ambos elementos, frente a quienes interesadamente apuntan su separación. Es necesario reivindicar el papel del CES en el gobierno de la complejidad en un escenario de incertidumbre. Y no es baladí recordar que la génesis de órganos de este tipo está enraizada en contextos históricos críticos Es un espacio privilegiado para canalizar flujos cívicos en el proceso de creación normativa, contribuyendo a la formación de la voluntad político-legislativa mediante la aportación del parecer propio e independiente de las representaciones de intereses organizados en cuanto tales. Igualmente significativa es su configuración como cauce de participación y diálogo de los interlocutores sociales en el debate de asuntos socioeconómicos, por lo que, sin pretensiones alternativas a su funcionalidad, puede ser cauce idóneo para incubar grandes consensos y acuerdos que coadyuven a la elaboración de políticas económicas y sociales acordadas, anudando la representación de intereses sociales con la representación política, terreno en que ha de pensarse cómo y hasta dónde pueden recorrerse itinerarios aún no explorados.
Con la impugnación de los órganos que dan cuerpo a la participación, se ataca el carácter participado de decisiones políticas, además de acarrear otras operaciones ideológicas mediatas, que cuestionan a las propias organizaciones sociales que se integran en los mismos. Cuidado con tirar con las berzas los capachos. A quienes fingen no saber para qué sirve la participación institucional hay que desenmascararlos, pues al cuestionar la participación de los sujetos que representan intereses colectivos, se están impugnando bases institucionales de nuestro Estado. Cuando se cuestionan mecanismos de representación de intereses organizados, con transparencia y a la luz del día, se está abogando por fórmulas de presencia opaca de intereses, porque cuando la participación en los procesos de formación legislativa es una participación individualizada, de cada organización, la dinámica de negociación que se desarrolla es potencialmente perversa. La participación institucional opera, pues, un papel a favor de la calidad de la democracia.
Ángel Gallego, presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía
