El Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha afirmado que la norma, “que viene con el impulso de la presidenta de la Junta”, es “fundamental para el nuevo tiempo en las relaciones con la ciudadanía que ya comenzamos a recorrer”.

Jiménez Barrios ha agradecido a todos los grupos parlamentarios de la Cámara su “participación y el trabajo realizado en la tramitación de este Proyecto de Ley”, a través de “sus reflexiones y sus aportaciones” al texto que presentó el Gobierno en el Pleno el pasado 26 de marzo.

En su opinión, esta actuación ha permitido “mejorar, ampliar y enriquecer el contenido de esta norma, inspeccionándola y haciéndola más completa”. También ha agradecido a los agentes sociales, organizaciones y profesionales sus observaciones y opiniones al texto durante la tramitación parlamentaria. En este sentido, ha afirmado que la redacción final ha resultado “más exigente, lo que la hace una norma ambiciosa, valiente y mucho más avanzada, mostrando así el pleno compromiso, de este Gobierno, con la transparencia”.

De igual modo, ha subrayado que la norma “se va a mantener viva, adaptándose a las necesidades de la ciudadanía, en función de las demandas de acceso a la información que ésta vaya reclamando”.

De hecho, ha avanzado que el Gobierno andaluz trabaja ya en la redacción del desarrollo reglamentario de esta ley, así como en la elaboración de una norma que regulará el Estatuto de Altos Cargos de Andalucía, que “vendrá a establecer las obligaciones de estos responsables públicos en el ámbito de medidas de buen gobierno”.

Medidas ya aprobadas

En este sentido, ha apuntado que esta regulación vendrá a sumarse a medidas ya aprobadas y puestas en marcha por la Junta en materia de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana. Entre otras, ha citado la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, “una de las más exigentes a nivel nacional”, así como la “reciente publicación de las declaraciones de la renta de los miembros del Consejo de Gobierno y sus cónyuges”.

En su opinión, se trata de “medidas pioneras”, como la publicación de los ordenes del día y de los acuerdos de los Consejos de Gobierno, “anticipadas a la entrada en vigor de esta ley”.

Del mismo modo, ha destacado que la información además de ser publicada activamente en el Portal de la Transparencia, “cualquier persona, previa solicitud, tendrá derecho a acceder a la información pública que le parezca oportuna”. Se trata, según ha advertido, de un “nuevo derecho que se reconoce para todas las personas -nacionales o extranjeros, personas físicas o jurídicas- que, a partir de ahora, disponen de un nuevo instrumento para ejercer un mayor control del funcionamiento de la Administración pública y de las decisiones adoptadas por sus representantes públicos”.

Otro de los aspectos que ha resaltado de la nueva ley es que cuenta con un Consejo de la Transparencia y Protección de Datos “cuya independencia queda firmemente garantizada con la designación parlamentaria de su director”.

Jiménez Barrios ha puesto en valor que la ley “establece la obligatoriedad” de contestar en un plazo no superior a los 20 días para las Administraciones Públicas, un plazo inferior al mes que fija la ley nacional, así como un Régimen Sancionador, del que carece la norma estatal. Ha indicado que este último aspecto ha sido “ampliamente demandado por la ciudadanía, por los expertos y las organizaciones que vienen trabajando en el reconocimiento al derecho de acceso a al información pública” y “garantiza que los incumplimientos tengan consecuencias”.

Combatir la desafección

Finalmente, ha apuntado que los Gobiernos actuales “no podemos mirar para otro lado y, menos aún, cuando los ciudadanos han hablado con una voz propia y clara reclamándonos cambio”. Por este motivo, ha destacado que “tenemos la responsabilidad de combatir ese desapego y descontento de la ciudadanía con la política, así como esa quiebra de confianza en sus gobernantes”.

En su opinión, “la desafección se combate con transparencia” y ésta es “una vía que no tiene vuelta atrás”. Por este motivo, ha expresado que el Gobierno andaluz entiende la transparencia como algo fundamental, especialmente, en un momento de desafección política, como el actual”.

El consejero ha concluido mostrando su satisfacción porque Andalucía “se sitúa y quiere mantenerse a la cabeza como referente de un nuevo modelo de gobernanza basado en una mayor apertura, en más transparencia, en más participación, en la colaboración con los ciudadanos y en la rendición de cuentas”. Y, de ello, está dando “buen ejemplo dando cumplimiento a uno de sus principales compromisos de esta Legislatura con esta ley”, ha apostillado

Jiménez Barrios ha valorado la ley como “muy necesaria” y ha reconocido el esfuerzo y el trabajo que los grupos políticos “para intentar hacer de esta ley una norma de consenso, robusta y una iniciativa a la altura de lo que nos demandan los ciudadanos”.