El Ministerio de Agricultura intentó ayer frenar la amenaza de movilizaciones en todo el país, por parte de las organizaciones agrarias, con varias ofertas para paliar los efectos de la subida del precio del gasóleo. Estas ofertas, que fueron modificadas, no fueron aceptadas por Asaja, COAG y UPA, en el transcurso de una reunión que se inició a las cinco de la tarde y que se prolongó durante la noche.

La reunión de ayer con la ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa, venía precedida de un ambiente de tensión, ya que las tres organizaciones agrarias habían unido sus reivindicaciones para plantar cara al Gobierno y exigir el mismo trato que los transportistas, mineros y pescadores. Aunque su principal reivindicación es el gasóleo, también quiere que se regulen los precios de los productos hortofrutícolas.

En contra de lo que habitualmente venía sucediendo, las cooperativas no asistieron a la reunión de ayer, a pesar de haberlo hecho en los encuentros anteriores. Ello hace pensar a algunos de los negociadores que el Ministerio trata de dividir al sector, ya que apuntan que celebrarán una reunión en solitario con esta organización agraria.

Por otro lado, una veintena de agricultores españoles de las zonas productoras de remolacha azucarera acampan desde hoy frente al edificio del Consejo de Ministros de la UE en Bruselas para manifestarse en contra de la propuesta de reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar planteada por la Comisión Europea.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) afirma que la reforma destruiría por completo el tejido socioeconómico de las zonas productoras de las 22 provincias españolas donde está presente este cultivo .

Según la asociación, la reducción del precio institucional de la remolacha en más de un 48%, premisa básica de la pretendida reforma, tendría como consecuencia la deslocalización del cultivo hacia las regiones del Centro y Norte de Europa .

Grandes pérdidas en el sector
Considera que su aplicación supondría la desaparición de más de 30.000 productores, 4.000 empleos directos en la industria azucarera y cerca de 150.000 empleos indirectos y, por tanto, significaría el desmantelamiento de todo el tejido socioeconómico asociado al cultivo y una agresión al medio rural sin precedentes, pasando a ser no sólo un problema agrícola sino un problema social .

A juicio de COAG, la Comisión Europea trabaja en derribar la minoría de bloqueo existente en el Consejo, a pesar de que esta reforma sólo beneficia a unas pocas multinacionales y, desde luego no a los agricultores, ni a los consumidores ni a los países pobres (ACP, PMA) que también la rechazan .

De la propuesta de la Comisión se deduce que el principal objetivo es abaratar el precio de las materias primas para la industria, principalmente el de las dedicadas a la fabricación refrescos y repostería en la UE, potente lobby depresión a nivel internacional; los consumidores europeos apenas notarán esta medida, ya que más del 70% del azúcar que se consume proviene de productos elaborados .