Desde que comenzó la crisis, inversión pública y privada han ido de la mano en su declive alcanzado cotas que han situado a España a la cabeza de Europa en caída inversora. Un preocupante título si tenemos en cuenta que la inversión económica es un pilar fundamental para la reactivación de la economía ya que, si no se invierte, no se produce y, sin producción, lógicamente, no hay consumo o hay que recurrir a empresas del exterior, con lo que cual los beneficios que estas obtengan no revierten en la economía española.
Pero para poder consumir no solo es necesario que haya qué comprar, sino poder comprarlo y, sin salarios dignos, difícilmente conseguiremos que se reactive el consumo y se aumente la demanda interna.
Nuestra principal tarea en CCOO, más allá de defender los derechos laborales y sociales, es disputarle la plusvalía al capital para conseguir que haya una mejor redistribución de la riqueza porque, precisamente ahí, en la distribución injusta y desigual del capital, es donde reside uno de los problemas más acuciantes de la ciudadanía en estos momentos y que ha situado a más del 27% de la población española en el umbral de la pobreza. Un problema que se da no solo dentro del país, sino también fuera, porque otro de los títulos que ostenta España es el de ser el país de la Unión Europea con mayor desigualdad en cuanto a distribución de recursos económicos de la población, lo que ha derivado en un aumento de la brecha salarial entre ricos y pobres.
Si esa redistribución la trasladamos al mercado laboral los datos siguen la misma senda, ya que mientras los costes laborales han disminuido en un 4,4% durante los años 2012 y 2013, según el Instituto Nacional de Empleo, los beneficios empresariales han aumentado en un 7,2% durante el segundo semestre de 2013, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores con respecto al mismo periodo en 2012. El objetivo está claro, mismo trabajo con más horas en muchos casos, con peores condiciones laborales y sueldos más bajos; esa es la radiografía del mercado de trabajo que han traído las reformas del Gobierno, con la laboral como baluarte, que ha provocado, entre otras cuestiones, que tener un trabajo ni siquiera sea una garantía para poder hacer frente a los gastos cotidianos.
Por eso, además de un cambio de políticas y más responsabilidad social para crear empleo estable y de calidad, en CCOO reivindicamos la mejora del poder adquisitivo de los salarios, empezando por la del Salario Mínimo Interprofesional, ya que los 753 euros de España (12 pagas) sitúa a nuestro país muy lejos de países vecinos como Francia donde el SMI está en los 1.445 euros. Si las mejoras de productividad y competitividad están empezando a producirse como defiende el Gobierno, no puede ser a base de precarizar el empleo y el mercado de trabajo porque la recuperación será momentánea y no podrá consolidarse en el tiempo.
Y es que lejos de lo que quieren hacer creer a la población, la situación de pobreza que estamos padeciendo en España no es consecuencia de la crisis, sino de una mala gestión de la misma, y del aprovechamiento interesado que se ha hecho para desregular el mercado de trabajo, -y que se ha conseguido sobre todo en las empresas que no cuentan con representación sindical-, y adoptar políticas neoliberales que solo conducen a la desigualdad y a una sociedad donde la clase media desaparece, el rico cada vez es más rico, y el pobre cada vez más pobre.
Es cierto que España ha sido uno de los países en los que más se está dejando sentir la crisis al sustentar su economía, sobre todo, en el sector inmobiliario y en los bienes y servicios.
Por ello, sin dejar de poner en valor sectores como el turístico, es necesario explotar las potencialidades de otros sectores, como, por ejemplo, el de la agroindustria o la sostenibilidad en Andalucía. Ni siquiera es cuestión de reinventarse, sino de apostar por lo que tenemos y saberlo explotar para que el cambio de modelo productivo sea una realidad al tiempo que se cree empleo, eso sí, estable y de calidad. Si el trabajador nada ha tenido que ver con el estallido de la crisis, no puede seguir siendo su principal víctima.
En cambio los datos y la realidad evidencian que sucede lo contrario, como lo refleja la precariedad de las contrataciones, con sueldos sujetos al SMI que se ven mermados porque las contrataciones se hacen por menos horas de las que en realidad se trabajan, condiciones laborales abusivas y jornadas maratonianas de trabajo. La reforma laboral ha facilitado que situaciones como estas se hayan convertido en algo cotidiano al individualizarse las relaciones laborales y dañar la Negociación Colectiva, si bien gracias a la acción del sindicato y al esfuerzo de los representantes de los trabajadores, se ha conseguido frenar una política que hubiese acabado con ese paraguas protector con el que cuentan los trabajadores en las empresas.
Desde que entró en vigor la reforma en 2012, cambiar empleo estable y de calidad por empleo precario ha sido la máxima en muchas empresas pero, más de dos años después, se demuestra que la recuperación económica no puede basarse en la precariedad laboral, en rebajas salariales y en recorte de derechos. Esa es la política que defiende el Gobierno a pesar de que desde su nacimiento esté condenada al fracaso. Lo malo es que por el camino se está llevando por delante derechos laborales que han costado años de esfuerzo conseguir, y derechos sociales que, sobre todo en momentos de dificultad económica, servían de colchón para los sectores más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad: los servicios públicos.
Sanidad, educación, dependencia… todos ellos pilares del Estado Social y garantes de igualdad han sido “tocados” por la política de austeridad del Gobierno, lo que está contribuyendo a extender la pobreza y a aumentar las diferencias sociales. Aumento de tasas universitarias, recorte de becas y ayudas, copago sanitario, o moratorias en la prestación de los servicios, son solo algunos ejemplos.
En este tiempo los sindicatos hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y redoblado nuestros esfuerzos para, a través de la negociación y la movilización, contener los continuos ataques a los que este Gobierno está sometiendo al estado social, y seguiremos trabajando para ponerle obstáculos en la carrera que ha emprendido, en solitario, con el fin de acabar con los derechos y con la igualdad.
Los argumentos que defienden nuestra posición se basan en nuestro convencimiento de que hay alternativas, por ejemplo, apostando por invertir en lugar de por deslocalizar, reforzando las Políticas Activas de Empleo desde el ámbito público, creando empleo estable y de calidad, -no olvidemos que el mayor capital de una empresa es su capital humano-, aumentando los salarios en lugar de hacer contratos remunerados con sueldos míseros que apenas si dan para sobrevivir, o emprendiendo una reforma fiscal en profundidad basada en la equidad y la justicia redistributiva, a través de impuestos que tengan en cuenta el nivel de renta y riqueza de las personas, y repartan de manera justa las cargas.
Asimismo, hemos defendido y, seguiremos haciéndolo, la puesta en marcha de una renta mínima como derecho, porque es inconcebible que en España haya más 1.800.000 hogares con todos sus miembros en situación de desempleo y que, en un alto porcentaje no perciban nada tras agotar prestaciones y ayudas. La protección social tiene que ser un derecho y así lo hemos planteado en la propuesta presentada a los gobiernos.
Y en cuanto a lo público, hay que apostar por ello, porque es la garantía ciudadana para poder acceder a servicios esenciales como la educación o la sanidad en igualdad condiciones.
El Gobierno, que se ha vuelto un experto en reformas en su tiempo de mandato, se ha olvidado de que esas reformas están bien cuando nacen del consenso y benefician a la mayoría, no cuando son impuestas y benefician solo a los que más tienen. Hay alternativas y en ellas seguiremos trabajando.
Francisco Carbonero Cantador, Secretario General de CCOO de Andalucía
