Recientemente, hemos dado a conocer el Informe que ha promovido y realizado la Confederación de Empresarios de Andalucía sobre fiscalidad, y que se titula ‘Consideraciones y prioridades empresariales en relación con la reforma fiscal’.
Este documento ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo CEA sobre Fiscalidad, constituido en el seno del Consejo Empresarial de Economía, Financiación y Fiscalidad de Pymes de nuestra organización empresarial, que preside Manuel Ángel Martín López. Al hilo de este informe considero necesario realizar una breve reflexión sobre la reforma fiscal y la situación tributaria en nuestro país en relación con la empresa y la actividad productiva.
En estos momentos y en la actual situación económica e institucional, resulta prioritario generar entornos y marcos competitivos desde las ópticas institucional, empresarial, regulatoria y administrativa, para que se facilite la productividad y la competitividad de las empresas y se incremente la inversión, tanto interna como externa. Para ello es clave una reforma fiscal que favorezca la actividad de la empresa; ya que si la fiscalidad es favorable a las empresas, lo es también para el desarrollo y el crecimiento económico, la generación del empleo, el aumento del consumo y el bienestar de la sociedad en general.
Como defensores de la libre iniciativa creemos que solo empresas solventes, dinámicas y competitivas, que generen beneficios, pueden paliar el grave problema del desempleo y generar desarrollo y riqueza. Pero igual que reconocemos y asumimos nuestras responsabilidades, o precisamente por ello, nos encontramos también en la obligación de identificar las causas y las trabas que se interponen en el resurgimiento de las empresas.
Una de esas grandes trabas para el desarrollo de las empresas, en un nuevo escenario en el que se vislumbra la recuperación económica, es la presión fiscal, tanto por su incidencia directa, como por el impacto que ocasiona en la restricción del consumo.
La denominada reforma fiscal debe, a nuestro juicio, abordar en su desarrollo ambos asuntos: disminuir la presión y aumentar el consumo, y corregir una de las principales ineficacias del sistema fiscal español: su heterogeneidad, dispersión y atomización, para lograr así una verdadera unidad de mercado.
En cuanto a la reforma fiscal en sí, hay que señalar que, en principio, los objetivos que la inspiran parecen ir en la dirección que venimos reclamando desde las organizaciones empresariales, al pretender reducir la presión fiscal ejercida sobre la actividad y el empleo, y mejorar la tributación sobre el ahorro y la inversión.
Queda por determinar en qué medida o grado se logran estos objetivos, así como los efectos sobre la consolidación de las finanzas públicas, que es una cuestión de primer orden para Bruselas. Estamos todavía en la fase final de su tramitación y habremos de estar expectantes respecto al desarrollo normativo de esta propuesta de reforma, así como en especial, desde Andalucía, a las negociaciones consecuentes en torno al modelo de financiación autonómica. No en vano, por ejemplo, la virtualidad de la reforma ahora propuesta para el IRPF, va a depender mucho de cómo sea asumido por las distintas CCAA en su tramo competencial.
Y lo que no queremos precisamente, es aumentar la dispersión de las cargas fiscales entre territorios. Es decir, la fractura de la unidad de mercado derivada de la aplicación descoordinada de la imposición cedida a las comunidades autónomas, y de la imposición propia que vienen desarrollando las comunidades por su parte.
Ésta es una de las cuestiones que había que clarificar y ordenar y que ha sido muy demandada por las empresas y sus organizaciones empresariales. Sin embargo, se ha quedado fuera del proyecto de reforma, como también ha ocurrido con las actuaciones tendentes a reducir los costes laborales derivados de las cotizaciones sociales, o a reducir la complejidad y litigiosidad que emana del funcionamiento del propio sistema tributario. La persistencia e intensidad de la crisis ha puesto de relieve las debilidades del sistema tributario español. Un sistema que en estos últimos años se ha mostrado incapaz de ayudar a captar los recursos públicos necesarios para mantener en funcionamiento el Estado de Bienestar español, y que se necesitaba, al mismo tiempo, para poder articular medidas de política económica expansiva que viniesen a dinamizar la actividad productiva y el empleo en nuestro país.
Por ello, desde las organizaciones empresariales seguimos insistiendo en el desarrollo de una amplia reforma fiscal, que promueva un sistema tributario justo, eficiente y estable, acompañado de una profunda simplificación normativa, de la mejora de las fórmulas de colaboración con la Administración, y del establecimiento de criterios interpretativos que reduzcan, como ya hemos dicho, la excesiva litigiosidad que padecemos.
En este sentido, reiteramos que no sería una medida inteligente o adecuada subir los impuestos a las empresas y que, por el contrario, resulta urgente reducir las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, cumpliendo así los compromisos asumidos por el propio Gobierno. Asimismo, resulta prioritario, sobre todo en clave regional, actuar para coordinar adecuadamente las políticas tributarias centrales, autonómicas y locales, evitando la proliferación de impuestos y tasas.
Y que sería procedente y justo la existencia de un sistema o mecanismo de compensación, mediante el cual las empresas puedan satisfacer pagos a realizar por impuestos o cotizaciones a la Seguridad Social con cargo a los créditos tributarios reconocidos contra cualquier Administración.
Por tanto, resulta necesario que el modelo fiscal proporcione seguridad jurídica para el desarrollo de las actividades, se diseñe con vocación de permanencia, y venga acompañado de una sensible mejora de los procedimientos para la resolución de conflictos interpretativos.
Por último, consideramos, a modo de conclusión y desde la perspectiva empresarial, que el espíritu inspirador de la reforma del sistema fiscal español debe ser el fomento de los factores que promueven la competitividad de nuestras empresas, incidiendo, asimismo, en la simplicidad y estabilidad de nuestro marco legal y en la eficiencia en el funcionamiento de nuestro sistema tributario.
Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
