​La norma complementa los esfuerzos realizados por el Gobierno para recuperar el liderazgo español en la UE.Refuerza el marco jurídico para la lucha contra la pesca ilegal.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el pasado sábado 27 de diciembre, la reforma de la Ley de Pesca Marítima del Estado, con la que se fortalece el futuro del sector pesquero y acuícola, además de complementar los importantes esfuerzos realizados en esta legislatura para recuperar el liderazgo español en la Unión Europea, que ha permitido logros tan significativos como la reforma de la Política Pesquera Común, el Acuerdo de Pesca con Marruecos o los históricos incrementos de cuota de especies clave, como la merluza o el atún rojo.

Lucha contra la pesca ilegal

La Ley de Pesca Marítima reformada completa y refuerza el marco jurídico del trabajo técnico realizado en esta legislatura para luchar contra la pesca ilegal, con el objetivo de controlar más y mejor el pescado que viene de terceros países y evitar así que los operadores se lucren con las capturas ilegales. Se trata de evitar que se siga amenazando la sostenibilidad de las especies e impedir que los operadores extranjeros compitan de forma desleal con nuestros operadores, a los que sí se les aplican las normas de conservación.

En concreto, la reforma de la Ley de Pesca Marítima introduce un mandato específico a los servicios de control e inspección para perseguir la pesca ilegal con todas las herramientas posibles. Además, se endurecen las infracciones y sanciones, y se establecen medidas para evitar que los infractores eludan su responsabilidad a través de entramados empresariales opacos. Al mismo tiempo se disponen las necesarias actuaciones para evitar la vinculación entre operadores españoles con buques extranjeros que practican la pesca ilegal.

Con esta reforma, España pone un sello de sostenibilidad a las capturas introducidas a través de nuestros puertos que muy pocos países del mundo pueden ofrecer. Es el resultado del intenso trabajo realizado por la Secretaría General de Pesca en estos tres años para convertir a España en ejemplo y líder mundial en esta materia.

Apuesta por la diversificación económica

Por otra parte, la nueva norma introduce como novedad la posibilidad de que los profesionales del sector puedan desarrollar actividades económicas complementarias a la pesca. En concreto, la ley facilitar que el sector pueda impulsar ofertas de turismo pesquero o acuícola. Entre ellas se incluye la muy demandada actividad de pesca-turismo mediante la cual un grupo de personas puede experimentar las tareas propias de una tripulación pesquera y, posteriormente, disfrutar conjuntamente de las capturas realizadas.

El Ministerio de Agricultura está convencido de que esta actividad fomentará la generación de riqueza y empleo en las zonas costeras y dependientes de la pesca., sobre todo dado el excelente nivel de la cultura marinera española.

Igualdad de oportunidades

Asimismo, la ley introduce el principio de igualdad de trato y oportunidades, con los que se busca eliminar cualquier discriminación en el sector pesquero. En particular, el Ministerio quiere poner el acento en la mejora de la situación de la mujer en el sector.

En este contexto, y según datos del Instituto Social de la Marina referidos a 2013, hay más de 6.000 mujeres afiliadas en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, lo que representa un 17% del total. Este porcentaje es especialmente elevado en regiones como Andalucía, País Vasco y, sobre todo, Galicia. También destaca su presencia en determinados ámbitos como la acuicultura, las tareas de redeo y, en especial, el marisqueo, donde en Galicia supone una presencia cercana al 90%.

En este contexto, el Ministerio potencia la contribución de las mujeres al sector a través de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, integrada por más de 400 particulares y 70 asociaciones. Por ello, este Departamento subraya que esta nueva ley va a contribuir a reforzar el liderazgo y el emprendimiento de las mujeres como pieza fundamental en el futuro del sector y en el desarrollo de las comunidades pesqueras.

Administración pesquera más eficiente

La nueva ley viene a solucionar la complejidad que existía en lo relativo a los Registros de buques pesqueros. De esta forma, la ley plantea un régimen sencillo, al prever la existencia de dos únicos Registros: el Censo de la Flota Pesquera Operativa y el Registro General de la Flota Pesquera.

Además de la sencillez, el Ministerio buscará en su aplicación reducir al máximo el volumen de cargas administrativas, con el objetivo de que las obligaciones registrales exigidas por la UE no supongan una traba para la actividad económica del sector.

Asimismo, y en relación con el régimen de infracciones y el procedimiento sancionador, la reforma no sólo incorpora avances de obligado cumplimiento para España de la normativa comunitaria, sino que incorpora un importante giro a los procedimientos previstos con anterioridad, gracias a la potenciación de comunicaciones electrónicas, procedimientos abreviados o sistemas de pago voluntario bonificado en determinados casos.

Se trata de dotar de la suficiente fluidez a estos procedimientos, garantizando siempre los derechos de los presuntos infractores y facilitando a la Administración el uso eficaz de sus recursos en la persecución y sanción de las infracciones pesqueras.

Política de Estado

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente quiere agradecer a diputados y senadores el profundo trabajo y estudio realizado en la elaboración de la nueva ley. No obstante, lamenta que algunos grupos parlamentarios no apoyaran esta iniciativa, a pesar de la mano tendida ofrecida por la Ministra García Tejerina en la presentación del Proyecto.

Para este Ministerio, la pesca es una política de Estado, por lo que los principales partidos políticos deberían favorecer un consenso fundamental que defienda al sector español en la Unión Europea y ante los diferentes organismos internacionales.

En cualquier caso, el Ministerio continuará ofreciendo trasparencia a todas las partes interesadas en la aplicación de esta nueva ley, así como en la adopción de las medidas de gestión que sean necesarias.