Medio siglo de docencia intensiva (que aún no me ha abandonado del todo), al margen de otras actividades afines, me autorizan a expresar mi opinión acerca del "proyecto de Orden por la que se regulan las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años".
Esta especie de 'reincorporación académica' tiene su origen en el Preámbulo de la Ley Orgánica (2/2006) de Educación que establece que "la educación se concibe como aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de la vida, por lo que todas las personas deben tener la posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus capacidades […] Para ello, "se hace necesario contar con una oferta amplia y flexible que permita tanto a los jóvenes que abandonaron sus estudios de una manera temprana como a todas las personas adultas continuar su aprendizaje a lo largo de la vida". (1)
Hasta aquí, nada que objetar, a no ser por el temor de que el Bachillerato – máxima titulación que acredita los conocimientos esenciales para acceder a los estudios superiores – sufra, al fragmentarse, una nueva devaluación. Al mismo tiempo, tan plausible proyecto podría, en opinión de algún escéptico que me ha hecho llegar su inquietud, tener un segundo objetivo, éste de carácter más político que académico: 'engordar' artificialmente las estadísticas, que revelan un alto índice de fracaso escolar (fracaso maquillado en la ESO, debido, en parte, a la inexistencia de una prueba global de fin de ciclo de la que todos huyen como del fuego) pero particularmente alarmante en el Bachillerato, donde sí existe (Selectividad), y en la que la responsabilidad es compartida por docentes y examinadores. Estas circunstancias contrastan con lo que sucede en la etapa obligatoria, en la que tutores y profesores se sienten coaccionados por el sistema de promoción quasi automática.
La nueva opción suscita, no obstante, al amparo de la experiencia de quienes hemos ejercido la docencia, tanto pública como privada, más de una interrogante, a saber:
a) Partiendo de la complejidad y diversidad de las materias que configuran el Bachillerato, ¿en qué medida puede, quien alejado de la práctica del estudio cotidiano, recuperar la capacidad de abstracción, concentración, memorización y comprensión imprescindibles a la hora de abordar un temario?
b) El aprendizaje, como es bien sabido, está basado en la autodisciplina, en un método de trabajo que, salvo excepciones, es difícil de improvisar, por lo cual, al margen de la normativa legal, sería deseable que los aspirantes pudieran recibir algún tipo de orientación (llámese tutorías o aulas de apoyo) que les ayudase a 'ponerse al día' en asignaturas 'oxidadas', cuando no ignoradas, de las cuales pretenden examinarse. De lo contrario, se volvería a las famosas convocatorias llamadas de "enseñanza libre" (en contraste con la "oficial"), cuya superación – doy fe, en calidad de ex profesor de instituto – era reconocida como mérito incuestionable, pues había que dominar el programa, sin exclusión de temas. Todos recordamos nombres de academias, surgidas al socaire de esta necesidad, que exhibían, al hacer públicas las listas de aprobados, el legítimo orgullo de una preparación concienzuda en la que, curiosamente, el absentismo y la falta de rendimiento – dos de los males presentes en nuestra sociedad – eran impensables. La única opción posible consistía, pues, en explicar el temario ¡completo!, resolver cientos de problemas, estudiar a fondo la teoría, identificar lugares geográficos o saber que el Renacimiento fue anterior a la Ilustración… Y todo ello, sin cometer faltas de ortografía ni atentar contra la normas básicas de la gramática.
Planteadas estas incertidumbres, confiemos en que los examinadores que han de decidir acerca del futuro de estos "bachilleres de nuevo cuño", puedan evaluar aplicando criterios exigentes, estrictamente académicos, incompatibles, en todo caso, con cualquier tipo de presión, llámese ésta política o social. Entre tanto, concedamos al novedoso proyecto el beneficio de la duda.
BOJA – Nº 87- 6 mayo 2010
