El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado en el Consejo de Ministros el informe sobre el déficit público de 2014, que se redujo hasta el 5,72% del Producto Interior Bruto (PIB), excluyendo las ayudas financieras. “España cumple sus compromisos y uno de ellos es el del déficit”, ha afirmado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete.

La portavoz del Ejecutivo ha explicado que el compromiso con los socios europeos era cerrar el año con un déficit público del 5,8% y que el Gobierno decidió fijarse una meta más exigente. Además, ha destacado que la reducción habría sido mayor de no darse la circunstancia “excepcional y coyuntural” de la obligación establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de devolver el ‘céntimo sanitario’ (el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos). Sin este gasto extraordinario de 1.699 millones de euros, el déficit de las Administraciones Públicas se hubiera situado en el entorno del 5,5%, el objetivo del Programa de Estabilidad para 2014.

Tanto la vicepresidenta como el ministro de Hacienda han subrayado que la bajada del déficit se produce en un entorno de aceleración de la recuperación económica. El Banco de España elevó ayer su previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,8%, frente al 2,4% avanzado por el Gobierno. Esa cifra se revisará a finales de abril, cuando España remita a Bruselas el Plan de Estabilidad.

Impulso del crecimiento y la creación de empleo

Cristóbal Montoro ha defendido que el dato del déficit demuestra que España está llevando a cabo la política presupuestaria que, además de cumplir con los compromisos europeos, permite que “hoy estemos liderando el crecimiento y la creación de empleo en la zona euro”. A su juicio, también prueba que “el Estado de las autonomías es gobernable en términos de política económica, de coordinación de políticas presupuestarias”, al contrario de lo que muchos afirmaban al comienzo de la legislatura.

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas fue al cierre de 2014 de 60.537 millones de euros, excluyendo las ayudas financieras, lo que equivale al 5,7% del PIB. El titular de Hacienda ha remarcado que el déficit fue del 8,94% al final de 2011, lo que implica que la sociedad española ha realizado un esfuerzo de ajuste estructural “muy grande, de los mayores del mundo desarrollado”. Esa reducción, ha añadido, no sólo es compatible con la recuperación económica, sino que, unida a las reformas estructurales, “está ayudando a a que una economía tan endeudada frente al resto del mundo como es la española gire sobre sí misma y vuelva a premisas de crecimiento económico cada vez más fortalecido”, con tasas ya cercanas al 3%.

Montoro ha valorado el cumplimiento del objetivo del déficit por parte de las Administraciones Centrales, tanto en lo relativo al Estado y los Organismos Autónomos como a la Seguridad Social.

En cuanto a las comunidades autónomas, en 2014 registraron un déficit del 1,6%, seis décimas por encima de la meta fijada. El ministro se ha referido a la gran disparidad entre unas regiones y otras: algunas como Canarias, Galicia, Navarra, País Vasco, Castilla y León, Andalucía y La Rioja cumplen el objetivo o se alejan poco de él, mientras que otras autonomías superan el 2% de déficit. Montoro ha calificado el objetivo para las comunidades de “exigente” porque en 2014 dispusieron de menos recursos del sistema de financiación autonómica que el año anterior y también vieron incrementarse sus costes financieros. En 2015, por el contrario, contarán gracias al crecimiento económico con más recursos, así como con un nuevo procedimiento que aliviará sus cargas financieras.

Montoro ha elogiado el esfuerzo realizado en este ámbito por las corporaciones locales, que en 2014 lograron medio punto de superávit. En concreto, las seis ciudades españolas con más habitantes registraron un saldo presupuestario no financiero de 1.913 millones de euros. El ministro también se ha mostrado satisfecho con la disminución de la deuda de las Administraciones Públicas con los proveedores: frente a los 35.000 millones de euros que llegó a alcanzar en 2011, el año pasado terminó por debajo de los 15.000.