Tras la conclusión de la investigación sobre la manipulación de estadísticas en la Comunidad Valenciana, la Comisión Europea ha adoptado un informe y recomienda al Consejo la imposición de una multa de 18,93 millones de euros a España.
El informe adoptado por la Comisión concluye que una entidad del sector de la Administración general de España, la Intervención General de la Generalitat Valenciana, incurrió en negligencia grave por la ausencia de registro de gastos sanitarios y el incumplimiento del principio del devengo en las cuentas nacionales (SEC 95), lo que dio lugar a una notificación incorrecta de los datos de déficit público de España a Eurostat en marzo de 2012. La notificación incorrecta finalizó en 2012.
El informe se refiere específicamente a las estadísticas elaboradas por la Comunidad Valenciana, pero no pone en duda la exactitud de las estadísticas nacionales de España. Eurostat publicó sin reservas las cifras de deuda y de déficit de España, una vez corregidas en octubre de 2012.
Partiendo de estas conclusiones, la Comisión recomienda al Consejo imponer una multa de 18,93 millones de euros al Reino de España. La multa se ha establecido siguiendo un método en dos fases, de acuerdo con la Decisión Delegada 2012/678/UE de la Comisión.
La Comisión determina primero el importe de referencia. Luego puede aumentar o disminuir el importe de referencia en función de las circunstancias específicas del caso. En este caso, al determinar el importe de la multa, la Comisión ha tenido en cuenta una serie de factores atenuantes, como el hecho de que la tergiversación no fue intencional, sino que se debió a una negligencia grave de una entidad que actuó por su cuenta.
Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha declarado que la decisión adoptada “envía un mensaje claro: la Comisión está dispuesta a utilizar sus nuevos poderes para garantizar que la base estadística en la que se apoyan nuestras decisiones económicas sea fiable, a nivel local, regional y nacional”.
Esta es la primera vez que la Comisión hace uso de sus nuevos poderes con arreglo a la legislación sobre la gobernanza económica ‘Six Pack’ para investigar la supuesta manipulación de los datos de deuda y de déficit de un Estado miembro.
