Para asegurar una gobernanza efectiva y disminuir los riesgos de corrupción, los países de América Latina y el Caribe deben mejorar la transparencia en el manejo de los recursos naturales con información bien gestionada y de alta calidad, según las conclusiones de un libro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El estudio cubre un amplio espectro de desafíos y oportunidades a lo largo de la cadena de producción de las industrias extractivas (petróleo, gas y minería), desde la concesión de licencias hasta la gestión de los ingresos provenientes del sector.

La región posee una abundante riqueza de recursos naturales que contribuyen al desarrollo económico y social de sus habitantes. Latinoamérica es el principal productor de metales en el mundo y el segundo productor de petróleo. Las industrias extractivas representan el 40% de las exportaciones regionales y una de las principales fuentes de ingresos públicos para países ricos en recursos naturales.

No obstante, las operaciones en este sector también han provocado problemas importantes como corrupción e impactos sociales y medioambientales, con frecuencia generando preocupación por parte de la ciudadanía.

“Después de una década de precios sin precedentes de las materias primas, sigue sin resolverse el debate acerca de cómo capturar el valor del sector extractivo de forma efectiva y sostenible en beneficio de todos los ciudadanos”, dijo Juan Cruz Vieyra, editor del libro y especialista en modernización del estado del BID.

“El sector extractivo debe aprovechar las crisis institucionales que están ocurriendo a lo largo y ancho de la región para fortalecer sus propios marcos de gobernanza. La tarea es urgente, ya que el tiempo de la abundancia por los recursos naturales puede estar llegando a su fin”, agregó Malaika Masson, co-editora del libro y especialista en el sector de energía del BID.

El libro explora iniciativas para superar la llamada “maldición de los recursos” o la “paradoja de la abundancia”. Experiencias positivas en países como Australia, Chile y Noruega revelan que, con una adecuada gestión, el sector extractivo puede contribuir al desarrollo mediante mejor infraestructura, financiamiento de servicios básicos, e innovación tecnológica.