El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, se ha reunido este lunes con representantes de Minas de Alquife y con los alcaldes de la comarca, para anunciarles que la Junta de Andalucía ha culminado la fase de trasmisión de los derechos mineros del yacimiento de Alquife, lo que permitirá volver a reabrir esta explotación de minería metálica de la provincia de Granada.
Según los cálculos de la propia empresa, se prevé que la reapertura de la mina, prevista para finales de 2016, suponga la creación de 350 puestos de trabajo y otros 700 empleos indirectos, gracias a una inversión estimada de 250 millones de euros en la comarca. Asimismo, está previsto que alcance una producción de 4 millones de toneladas de mineral al año.
Sánchez Maldonado ha señalado que el proceso administrativo para la reapertura de la mina granadina ha sido “complejo”, y ha tenido que superar numerosos trámites legales para que sea posible su puesta en marcha “con las máximas garantías de seguridad y sostenibilidad económica, social y medioambiental”.
No obstante, el consejero ha alabado tanto a los técnicos de la Administración autonómica que han intervenido en el proceso, como a la empresa y a los otros organismos autonómicos que han participado, cuyo trabajo conjunto y coordinado “ha permitido trabajar con solvencia y con la máxima agilidad dentro de los plazos y requisitos legales exigidos”.
Entre los trámites legales y administrativos que se han tenido que superar desde el año 2011, cuando Minas de Alquife dio el primer paso que le permitiese reabrir la explotación, están entre otros la autorización y desarrollo de la fase de investigación para concretar las reservas existentes; la presentación del proyecto de explotación; la aprobación de la Autorización Medioambiental Unificada; la formalización de un contrato con ADIF para aprovechar un antiguo ramal de vía para transportar el mineral; la constitución de una garantía financiera de restauración medioambiental de 2,78 millones de euros; la memoria financiera del proyecto y la suscripción de una póliza de garantía social.
