Cuando un gobierno elabora unos presupuestos, lo primero que ha de tener en cuenta es que estos son un instrumento para garantizar la igualdad y que su prioridad han de ser los ciudadanos y ciudadanas. Los PGE de 2016 son la prueba evidente de que ni lo uno ni lo otro ha sido prioritario para el gobierno de España, porque si de algo adolecen es de responsabilidad social y de medidas para combatir los principales problemas que sufre la mayoría ciudadana como son la pobreza, el desempleo y la falta de protección social.
Pese a ello, el gobierno pretende convertir estos presupuestos en parte de su campaña electoral ante las elecciones generales con anuncios claramente electoralistas como el de reponer parte de los derechos arrebatados a los empleados públicos o hacer rebajas fiscales indiscriminadas. Medida esta última que no va a impulsar el crecimiento económico, no reducirá el desempleo al ritmo que necesitan España y Andalucía e impedirá el tránsito hacia un modelo productivo que genere más valor añadido, algo absolutamente imprescindible para mantener las políticas de igualdad y las políticas públicas.
Si los PGE de 2015, en la misma línea que los de 2016, aunque un poco menos ilusorios, no se van a cumplir ni de lejos, y han dejado en el camino una brecha salarial cada vez más amplia, una tasa de desempleo juvenil del 50%, una clase media empobrecida, 13 millones de personas en el umbral de la pobreza y 3,8 millones sin ningún tipo de ingresos, es evidente que los de 2016 son la crónica de un fracaso anunciado que, en poco o nada, cubre las necesidades de las personas más necesitadas.
De hecho, se trata de unos PGE que pretenden reducir el déficit a costa del eslabón más débil de la cadena, las personas desempleadas, que ya vieron como se endurecían los requisitos para acceder a una prestación y que han sufrido un recorte de 7.000 millones de euros entre 2014 y 2015. De ahí, y de sectores como la atención a la dependencia, es de donde quiere seguir ahorrando el gobierno cuando estos sectores de la población deberían ser su principal preocupación junto con la inversión productiva y la creación de empleo digno. Pero no solo ha presentado unos presupuestos continuistas que siguen condenando a los ciudadanos y ciudadanas, sino que, además, siguen imponiendo disciplina financiera y fiscal a las comunidades autónomas y, en especial a Andalucía, para que no se visibilicen políticas distintas, se vean obligadas a tener que seguir recortando en políticas sociales, en sanidad, y en educación, y no hagan inversiones productivas que son las que deben transformar el modelo productivo y generar los puestos de trabajo. Esta mordaza hace especialmente difícil que nuestra tierra pueda avanzar por el camino de la verdadera recuperación, pero tampoco debe ser ese condicionante, el paraguas bajo el que se escude el gobierno andaluz para no hacer las cosas de manera diferente.
Los andaluces y las andaluzas necesitan recuperar la confianza en la política y eso pasa, inexcusablemente, por abandonar el tacticismo político, hacer propuestas para crear empleo y mejorar la inversión productiva, hablarle claro a las personas e impulsar la participación social. Eso es responsabilidad del gobierno andaluz, pero también de los partidos políticos que forman parte del arco parlamentario y hasta el momento no están demostrando mucho brío ni haciendo propuestas para darle a Andalucía el cambio y el impulso que necesita para construir una tierra con futuro.
Por ello, y aunque es cierto que Andalucía lo va a tener difícil con un gobierno central que limita, con su actitud, el desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía e impide con sus recortes a las comunidades el desarrollo de las políticas sociales, el mantenimiento de lo público y, en definitiva, que la gente pueda vivir con dignidad, el gobierno andaluz tiene la obligación de hacer las cosas de un modo distinto. Un primer paso sería exigirle al gobierno central una revisión del sistema de financiación autonómica para que no se discrimine a territorios como Andalucía e iguale a las personas. Personas antes que deuda, así de fácil.
Y es que, a diferencia de lo que ha hecho el gobierno de España con los PGE de 2016, ningún gobierno que se precie puede olvidar nunca que los presupuestos tienen que ser un instrumento que garantice la igualdad, no un instrumento propagandístico para mantenerse en el poder, máxime cuando su contenido obvia, y en consecuencia en nada soluciona la realidad actual y los verdaderos problemas de la gente.
Francisco Carbonero Cantador
Secretario General de CCOO-A
@carboneropaco
