Cuando se cumple el vigésimo aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), norma fundamental para el mercado de trabajo, cabe hacer una reflexión sobre lo que ha supuesto para los trabajadores y trabajadoras esta ley y cuáles han sido, o son, sus luces y sus sombras.
Partimos de la base de que esta Ley, avanzada para su tiempo y fruto del consenso entre gobierno y agentes sociales, se dotó de un importante contenido que creaba un marco adecuado de protección, gracias, en gran medida, a la presión que hicimos los sindicatos durante su elaboración para que se incluyesen aspectos que, en otros países europeos, no se tuvieron en cuenta.
El escenario en el que se desarrolla sigue siendo, 20 años después, muy similar al de 1995, con tasas de paro por encima del 32%, un tejido productivo en el que más del 95% de las personas ocupadas desempeña su trabajo en pequeñas empresas, y una economía sustentada en una estructura productiva en la que han cambiado los actores principales, -con menos industria y construcción y más servicios-, pero no el guión; es decir, alta temporalidad y precariedad.
Si la realidad en poco ha cambiado, ¿ha posibilitado la Ley que la seguridad y la salud en los centros de trabajo de este país sí haya mejorado? Pues bajo el prisma del tiempo y veinte años después de su entrada en vigor podemos afirmar que la Ley ha servido para reducir la siniestralidad laboral, sobre todo hasta mediados de 2013, cuando cambia de nuevo la tendencia iniciando un repunte en el que seguimos inmersos.
La Ley, igualmente, ha conseguido avances importantes como la aparición de todo un sector de la prevención, que ha posibilitado la creación de miles de empleos en técnicos de prevención, médicos especializados, inspectores en la materia, empresas auditoras, y por supuesto, la elección de más de 16.000 delegados y delegadas de prevención en Andalucía, figura clave en la mejora de la seguridad y la salud en la empresa.
Si hay algo que ha quedado demostrado con el paso de los años es que la Ley no es la culpable de las deficiencias que se han ido generando en su andadura, algunas de las cuales persisten en la actualidad. Si siguen muriendo personas en sus puestos de trabajo, sigue habiendo accidentes laborales y las enfermedades profesionales siguen siendo las grandes olvidadas en las empresas, no es por la norma, que, sin duda, podrá mejorarse. Los culpables hay que buscarlos en aquellas empresas que no desarrollan la prevención como es debido, que incumplen los mínimos legales de la LPRL, y en los legisladores, que no han sabido o no han querido hacerlo en la dirección adecuada y, en los últimos años han aprovechado la reforma laboral para limitar su alcance, debilitar la negociación colectiva y marcar desigualdades abismales en los niveles de protección entre los distintos sectores de la economía andaluza, además de otras normas que han mermado los niveles de protección que daba esta Ley en sus inicios.
Hoy la prevención está ausente del discurso político y siguen recortando en los presupuestos las partidas destinadas a impulsarla y a programas de sensibilización en la materia, al tiempo que para las empresas ha dejado de ser una prioridad y lo ven un coste en vez de una inversión.
De este modo, la falta de voluntad política tanto del Gobierno de España como de Andalucía, y la falta de responsabilidad empresarial para situar a las personas por encima de los beneficios, están imposibilitando el desarrollo adecuado de una norma que se hizo con un claro objetivo: prevenir para vivir dignamente.
Pero que haya desaparecido de las agendas políticas y de las prioridades empresariales, no significa que hayan desaparecido de la sociedad las consecuencias que supone no cumplir la ley.
Por ello, desde CCOO seguiremos reclamando que la prevención sea parte indispensable en las decisiones y gestión interna de la empresa, y que si se deja en manos de servicios de prevención ajenos, -como sucede en la actualidad en más de un 80% de las empresas andaluzas-, que se controle la guerra de precios y la competencia desleal en la que están inmersos muchos de ellos, algo que, sin duda, merma la calidad del servicio a las empresas. Esto provoca que la prevención se quede solo en el papel y tanto por los servicios de prevención como por la administración no se revise y controle la implantación y cumplimiento final de las medidas preventivas en la empresa. Igualmente, es necesario que se atiendan las alarmas que desvelan las encuestas, en las que se sitúa el estrés laboral como el primer problema de salud laboral de Europa por encima de los problemas ergonómicos; y, fundamentalmente, que se articule la figura del delegado o delegada territorial con competencias en prevención, una figura que, veinte años después, en CCOO seguimos reivindicando como imprescindible en la prevención ante las dificultades de representación sindical que se da en las pequeñas empresas.
Las herramientas existen, solo hay que ponerle voluntad. Esperemos que no tengan que pasar veinte años más para que eso suceda. Desde luego, por parte de CCOO, al igual que lo hemos hecho siempre, así lo seguiremos reivindicando. Prevenir para evitar, prevenir para vivir.
Francisco Carbonero Cantador
Secretario General de CCOO-A
@carboneropaco
