Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y San Vicente y las Granadinas son los primeros países latinoamericanos y caribeños en integrarse a una red regional de sistemas públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos.
La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acogió con beneplácito la medida y explicó que esos sistemas generan los incentivos que hacen falta para una producción y comercialización inclusiva, eficiente y equitativa porque apoyan a los más vulnerables.
La FAO explicó que los sistemas públicos de abastecimiento y comercialización son claves para que haya una oferta estable de alimentos y se facilite el acceso de la población más vulnerable a ellos.
La creación de la red es un paso fundamental para avanzar hacia la meta de hambre cero, y forma parte de las acciones del Plan de Seguridad Alimentaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que busca acabar con la subalimentación en todos los países de la región para 2025.
Los sistemas de abastecimiento alimentario han sufrido profundas modificaciones en las últimas décadas, producto de procesos de desregulación y apertura comercial y la irrupción de grandes cadenas de comercialización.
Estos sistemas han reemplazado a los mecanismos tradicionales de abastecimiento y comercialización, creando sistemas alimentarios cada vez más concentrados que excluyen a grupos significativos de consumidores y productores.
Esta situación se agrava producto de desastres naturales, económicos o crisis de precios, así como de conflictos sociales o internacionales, dejando a sectores importantes de la población en una situación de vulnerabilidad.
Hasta mediados de la década de los 70, la mayoría de los países de América Latina disponía de una institucionalidad pública de comercialización y abastecimiento de productos agropecuarios. Hoy existen sólo algunos mecanismos públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos, con diversos grados de desarrollo y capacidad operativa, no siempre conectados a los programas públicos de alimentación, reservas estratégicas de alimentos ni a programas de compras estatales.
