Iberdrola y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) han firmado un convenio mediante el cual se comprometen a proteger a los clientes en situación de vulnerabilidad en esta comunidad autónoma.
El acuerdo ha sido ratificado por Fernando Rodríguez, presidente de la FAMP, y Alfonso Calderón, delegado institucional de Iberdrola en Andalucía.
El objeto del convenio sellado es establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre la FAMP e Iberdrola de cara a tratar de evitar la suspensión del suministro eléctrico por impago de la factura a los ciudadanos económicamente desfavorecidos de esta comunidad autónoma o a asegurar su inmediato restablecimiento en el caso de que ya se haya procedido a la suspensión del mismo.
La protección a la que se refiere el acuerdo es de aplicación a todos aquellos clientes que tengan contratado el suministro eléctrico de su vivienda habitual con Iberdrola en esta región y que, previa valoración técnica y solicitud de los servicios sociales municipales, puedan ser beneficiarios de una prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.
Al hilo de la firma, Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha asegurado que “somos conscientes de la complejidad y las dificultades por las que atraviesan muchas personas en el contexto actual, y actuamos en consecuencia. Así, en España, hemos puesto en marcha un protocolo y estamos firmando distintos convenios con Administraciones Públicas y ONG para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y de gas a los clientes económicamente vulnerables, con lo que en breve plazo estará protegida la totalidad de clientes de Iberdrola pertenecientes a este colectivo”.
En el marco del convenio, que tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogándose tácitamente por periodos anuales, Iberdrola se compromete a no suspender el suministro de electricidad a dichos clientes en situación de vulnerabilidad mientras se gestiona la concesión, por parte de esas Administraciones, de la citada prestación económica, que tendrán que destinar a la satisfacción de la deuda derivada de dicho suministro.
Asimismo, la compañía se ofrece a facilitar a los beneficiarios y a los servicios sociales municipales, el asesoramiento en materia de eficiencia energética y la información que precisen sobre los distintos aspectos relacionados con el objeto del convenio. Finalmente, ambas instituciones han acordado crear una comisión de seguimiento del acuerdo, a la que aportarán dos miembros cada una.
