Que el trabajo autónomo se ha convertido en eje central de las promesas políticas es un hecho, pero la realidad no es tan buena como la pintan. En aras de abordar una Ley integral de Apoyo a los Autónomos, actualmente en trámite parlamentario, el comienzo del 2017 no trae buenas noticias para los autónomos.
Esta reforma, en la que estamos participando a través de nuestra federación nacional, UPTA España, y en la que aún quedan muchos aspectos que determinar, plantea medidas que podemos considerar que beneficiarán al colectivo: cotización por días efectivos, definición exacta de la habitualidad, compatibilidad de trabajo y pensión, ayudas al reemprendimiento… contrastan con las medidas de carácter tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas aprobadas el pasado mes de diciembre.
De entre estas, sin duda, la medida que más preocupa a UPTA Andalucía como organización representativa del colectivo de autónomos son las modificaciones efectuadas sobre los fraccionamientos y aplazamientos de las deudas tributarias por su especial repercusión negativa a la liquidez de todos los autónomos y pequeñas empresas.
Como venimos denunciando, este Decreto prohíbe aprobar aplazamientos de impuestos retenidos, en especial del IVA, excepto en los casos en que esas cuotas de IVA no hubieran sido cobradas por el contribuyente.
Sin embargo, la Agencia Tributaria ha publicado una instrucción por la que parece renunciar a comprobar esta condición, presuponiendo que todas las solicitudes de aplazamiento cumplen con la misma y de esa forma se pueden tramitar las peticiones, lo cual resulta una solución totalmente insuficiente y que crea mucha inseguridad jurídica. Incluso así se ha manifestado la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, en una nota de prensa donde advierte que este reciente posicionamiento vulnera la Ley General Tributaria y duda de la legalidad de las medidas publicadas por la AEAT relativas a los aplazamientos de los autónomos.
El aplazamiento o fraccionamiento del pago del IVA es un instrumento que había servido a muchas empresas para lograr un respiro durante la larga crisis económica que padecemos si bien, soportando unos intereses considerables. El coste en intereses en 2016 es del 3,75%, sin necesidad de garantías si son menos de 30.000 euros, según una orden ministerial aprobada hace algo más de un año, que amplió ese límite de 18.000 a 30.000 euros, es decir, en un momento marcado por las citas electorales.
Para nosotros, la “solución” dada por Hacienda evita problemas muy graves en estos primeros meses pero, no servirá para nada si el Gobierno y los grupos políticos que apoyaron la aprobación del Decreto Ley no lo modifican en profundidad de forma inmediata y a través de los mecanismos jurídicos adecuados.
Por ello, desde UPTA hemos elaborado una Proposición No de Ley que estamos presentando a todos los parlamentos regionales para que desde ellos se inste al Gobierno central para conseguir la eliminación de la prohibición del aplazamiento del pago de IVA y de los impuestos retenidos, ya que ha sido una decisión totalmente inoportuna que, además, ensombrece todo el apoyo y esfuerzo que desde estas administraciones están prestando al colectivo, ya sea mediante programas, ayudas, subvenciones, asesoramiento, o apoyo al inicio de actividad.
Inés Mazuela Rosado
Secretaria General de UPTA-A
@InesMazuelaRo
