Las organizaciones de la cadena de valor agroalimentaria, hostelería y restauración han remitido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un informe jurídico en referencia al impuesto autonómico sobre las bebidas azucaradas aprobada en Cataluña el pasado mes mayo.
Según el estudio sobre la constitucionalidad del impuesto, elaborado por URÍA MENÉNDEZ, esta medida “no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal o tributaria y establece una serie de desincentivos a la deslocalización de empresas de distribución”. Además,” presenta similitudes con el IVA por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o de doble imposición”. El estudio también advierte de que este tributo afecta “a la seguridad jurídica, conculca el principio de igualdad y no discriminación y es contrario al principio de capacidad”.
Los sectores que forman la cadena agrovalimentaria valoran “muy negativamente” la entrada en vigor de este impuesto por “las consecuencias negativas que comporta en el funcionamiento de la unidad de mercado, así como por las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica”.
Las organizaciones firmantes, ASAJA, COAG, UPA, COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS, FIAB, PROMARCA, AECOC, ANGED, ASEDAS, ACES, FEHR y MARCAS DE RESTAURACIÓN, representan tanto a la cadena agroalimentaria (sector primario, industria transformadora y la distribución) como a la hostelería y restauración. En su conjunto, suponen más del 20% del PIB nacional y dan empleo a más de 5 millones de personas, casi el 30% del empleo total del país.
Así, estos sectores entienden que “el precedente que introduce el citado impuesto no sólo es perjudicial para las empresas afectadas por el mismo, sino que abre una vía que puede generar distorsiones mucho más importantes en el funcionamiento de la unidad de mercado para un sector estratégico en el desarrollo económico de España como es el sector de gran consumo, así como de otros sectores afines”.
