ECONOMIA

El director general de Tributos augura un año “sin grandes modificaciones tributarias”

Alberto García expuso las líneas normativas en materia fiscal de la Dirección General para 2017 durante una conferencia ofrecida en la Fundación Cámara de Sevilla

Presentado por el delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, Jorge Ramírez López, Alberto García indicó, ante más de un centenar de empresarios, que en 2017 “apenas habrá grandes modificaciones tributarias por parte del Estado, mientras que las distintas comisiones comunitarias sí que trabajan en medidas que hagan que la competitividad no venga determinada por la fiscalidad, sino que todos los países vayan en una dirección idéntica”.

FOTO NOTICIA ARRIBAEl director general de Tributos aseguró que “ya ha finalizado la vorágine normativa en materia tributaria y se ha concluido el proceso de unificación y consolidación fiscal exigido por Europa”, explicando que “ahora tenemos estabilidad normativa y seguridad jurídica. Ambos conceptos revierten en la certidumbre fiscal y es lo que requieren los inversores y los contribuyentes para dinamizar la economía. Como país en un mundo global para seguir defendiendo la inversión, necesitamos de la mejor certidumbre fiscal”.

A  su juicio, esta situación ayuda al crecimiento del PIB español y cada punto de incremento supone casi 4.000 millones más de recaudación. “España no requiere hoy modificar ni sus bases ni sus tipos, sólo con el crecimiento vale para lograr la consolidación fiscal exigida desde la UE”, reconoció García.

“Aún así -confesó- España tiene que trabajar para reducir el déficit que supone 32.000 millones de pagos de intereses de la deuda reflejados en los presupuestos generales del Estado, que lastran las inversiones productivas que pueden hacerse y son necesarias en el país”.

Ante la preocupación suscitada por el Impuesto de Sucesiones, Alberto García detalló que “se trata de un ancestral impuesto, que existe desde el tiempo de los romanos, que recauda 2.500 millones, y cuyas competencias normativas pertenece a las comunidades autónomas, por lo que confío en una propuesta coherente por parte del grupo de expertos en financiación”.