La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se ha reunido con el director general de la Organización Internacional del Trabajo Guy Ryder para hacerle entrega del instrumento de ratificación con el que España se incorpora a los países firmantes del protocolo internacional sobre trabajo forzoso.
El trabajo forzoso es “una grave violación de derechos humanos y se refiere a “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.
Este protocolo, adoptado en Ginebra en 2014, complementa el Convenio sobre trabajo forzoso de 1930 agregando nuevos elementos como abordar sus causas profundas para eliminar cualquier forma de esclavitud. Las últimas estimaciones de la OIT señalaban que más de 21 millones de mujeres, hombres y niños viven en condiciones de esclavitud, es decir, 3 de cada 1.000 personas en el mundo.
El Protocolo requiere que los países garanticen la liberación, la recuperación y la readaptación de las víctimas de la esclavitud moderna; mantengan una legislación que permita prevenir el trabajo forzoso y fortalezcan la inspección laboral y otros servicios que protejan a los trabajadores de la explotación.
El protocolo garantiza a las víctimas el acceso a acciones jurídicas y de reparación aunque no sean residentes legales del país donde trabajan. Los gobiernos tendrán que sancionar las prácticas abusivas y fraudulentas de los contratistas y las agencias de empleo.
En la actualidad este protocolo lo han firmado 18 países: Argentina, República Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Jamaica, Mali, Mauritania, Níger, Noruega, Países Bajos, Panamá, Polonia, Reino Unido y Suecia.
