Los mensajes sobre la recuperación económica son una constante en el espectro político y mediático, pero la realidad es que los andaluces y andaluzas han sufrido una pérdida de poder adquisitivo de un 11,3% desde 2009 debido a la caída de los salarios, la precarización del empleo y el aumento de los precios. Eso significa que ese crecimiento del que tanto se habla, ha quedado reducido al ámbito macroeconómico y sigue sin llegar a las pymes, a los autónomos y a los bolsillos de las familias en forma de empleo de calidad y salarios dignos.
Durante estos años de crisis, las políticas de austeridad, recortes y reformas laborales han significado un enorme trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital a través de la devaluación salarial, pérdida de derechos laborales y reducción del gasto público destinado a prestaciones sociales y servicios públicos. Cuestión que ha tenido repercusiones especialmente graves en nuestra comunidad por la debilidad de nuestro modelo y tejido productivo, y por el anquilosamiento del empresariado andaluz.
El gobierno de Andalucía, que se suma al carro del mensaje de la recuperación económica, pronostica que nuestro PIB crecerá a un 2,3% este año, lo que se supone es un dato positivo. En cambio, la calle muestra una realidad bien diferente; el salario medio anual en Andalucía es un 9% menos que el del conjunto de España, el paro un 8% superior, elevadísimos porcentajes de temporalidad, una contratación a tiempo parcial del 30,6%, o una tasa de pobreza del 32,9%. Datos que, cuanto menos, deberían avergonzar a quienes fomentan esa situación y terminan sacando los colores a Andalucía, dejándonos en evidencia con respecto al resto de comunidades autónomas y a los parámetros de convergencia con Europa que deberían esperarse.
Pero las reformas laborales, especialmente la de 2012, y el grave daño que éstas han ocasionado a la clase trabajadora, parecen no haber sido suficiente para sus artífices, y la negociación colectiva está siendo objeto de múltiples ataques. Ejemplo de ello es la imposición por parte del Gobierno central del arbitraje obligatorio para determinar las condiciones laborales que se aplicarán a las personas trabajadoras afectadas por el conflicto del Aeropuerto del Prat, o la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional la recuperación del derecho a las 35 horas en el sector público andaluz, en un ataque vil a los derechos de estos trabajadores y trabajadoras y a los servicios públicos esenciales, y dando una muestra clara de desprecio a la negociación colectiva.
Una herramienta a la que tampoco le está dando el valor que tiene el propio empresariado como contraparte natural de los sindicatos, al impedir la revisión salarial que quedó pendiente en el último Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva. La excusa del no a la cláusula de garantía salarial no es motivo para romper un acuerdo de vital importancia y vamos a seguir peleándola convenio a convenio en Andalucía. Porque el ámbito laboral en nuestra tierra adolece de estabilidad y salarios dignos, y es prioritario el desbloqueo de los 57 convenios sectoriales que afectan a más de 390.000 personas trabajadoras, así como aumentar los incrementos salariales pactados, con un 1,09% frente al 1,33% estatal.
Una subida salarial de justicia, porque actualmente tener un empleo no asegura poder cubrir las necesidades más básicas. Además, menos salario significa limitar la capacidad de compra de las personas trabajadoras, lo que acaba mermando la producción empresarial y, con ello, sus beneficios.
Así que, ya que tanto se habla de recuperación económica, desde CCOO lo que pedimos, reivindicamos y exigimos es que llegue a quienes más la necesitan, la clase trabajadora. Mientras eso no suceda, estaremos hablando de vanidades que chocan con una realidad que saca los colores a Andalucía y a quienes intentan perpetuar esa situación.
Nuria López
Secretaria General de CCOO-A
@nurialomar
