Cuando un edificio es sólido y robusto cuesta mucho derribarlo de golpe. Para hacerlo, es preferible utilizar la táctica de ir quitando pequeñas piezas de sus cimientos hasta que éstos no soporten la estructura y se venga abajo por su propia insostenibilidad. El derribo del Estado Social de este país puede parecer una técnica de arquitectura, pero en realidad es una estrategia de destrucción de un modelo laboral y de derechos, que consiste en ir quitando pequeños ladrillos de sus cimientos hasta que el edificio se tambalee y caiga. Una vez derribado, hay muchos grupos interesados en construir nuevos edificios de acceso privado y restringido donde albergar a la gente que antes se sentía protegida en el Estado Social. El neoliberalismo político y económico se encargará además de buscar entre esas ruinas el negocio y el beneficio privado.

La derecha política europea, la patronal, la gran banca y los mercados financieros son los impulsores de este ataque a ese gran edificio construido por todos los ciudadanos durante más de tres décadas de democracia. Claro que ese edificio de vez en cuando tiene goteras y hay que pintarlo, pero esos pequeños desperfectos no pueden ser tomados como causa para derribarlo dejando a la intemperie los derechos de millones de personas. Por su parte el Gobierno de Zapatero se ha convertido en el brazo ejecutor de esta estrategia, cumpliendo lo que le dictan esos mercados y la derecha europea a través de lps recortes y medidas que está aplicando. Políticas y medidas que ya han demostrado sobradamente que eran equivocadas y negativas para salir de la crisis, generando tan solo más desempleo y precarizando el que existe, paralizando el consumo y, por tanto, la reactivación económica y recortando derechos laborales y sociales.

Primero fue la congelación de salarios y la reducción de los mismos en el sector público, después la reforma laboral impuesta y la carta de la patronal, luego la reforma de la negociación colectiva y una multitud de recortes en inversiones mientras se inyectaban miles de millones de euros a la banca para satisfacer las demandas europeas y de los mercados y se hacían reducciones fiscales a los que más tenían. Más tarde se colaron con nocturnidad algunas reformas en materia laboral a través de un Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y, tras las elecciones municipales, han comenzado los recortes en servicios públicos esenciales como educación y sanidad. Son esos ladrillos de los cimientos del Estado Social a los que me refería antes y que sigilosamente se están quitando para debilitar cada vez más la estructura del edificio. Y ahora estamos ante otro golpe de piqueta, quizás el más peligroso al estar dirigido directamente al cimiento principal del edificio democrático, la reforma de la Constitución. No es, como algunos intentan hacer ver, una pequeña modificación del articulado de la carta magna para garantizar la estabilidad presupuestaria; es mucho más grave y profundo que eso por dos motivos: por cómo se ha hecho y por la carga ideológica que subyace en esa decisión. Una reforma de la Constitución, la norma de consenso de esta país por excelencia, no puede hacerse por vía de urgencia -no se justifica esa vía para algo que entrará en vigor dentro de varios años- y mucho menos con esa absoluta falta de transparencia, ocultando el debate y las negociaciones a la opinión pública sobre un tema que les afecta directamente. Menos justificado aún cuando existe una Ley Presupuestaria que regula este tipo de cuestiones sobre el déficit público sin necesidad de tener que tocar la carta magna. En cuanto a la carga ideológica de esta reforma es innegable, no surge de una necesidad de la sociedad sino de una exigencia de la derecha europea, los mercados financieros y las agencias -privadas y no democráticas- de calificación.

Estamos, por tanto, ante una reforma constitucional impuesta desde fuera de la legitimidad de la soberanía del pueblo español y llevada a la práctica por los dos grandes partidos políticos sin dar opciones a un gran consenso social. Pero lo más grave es el significado de la reforma, que no es simplemente garantizar la contención del déficit sino que impone un corsé a las administraciones para que no puedan gastar más de lo que ingresan. Esto, desde el punto de vista de nuestro modelo de Estado Social, es una barbaridad y supone un golpe en su línea de flotación. Lo razonable sería haber defendido el principio de que las administraciones no puedan gastar más de lo que puedan pagar, suponiendo este matiz un gran cambio al permitir ciertos niveles de endeudamiento para atender los gastos sociales e inversiones públicas con un pago posterior. Sin embargo no se ha hecho así precisamente por la carga ideológica que lleva esta reforma y porque detrás de ella están los mismos que esperan ansiosos la caída del Estado Social para hacer negocio. El único objetivo es recortar los derechos sociales a través de la eliminación progresiva de los servicios públicos y trasvasarlos a la iniciativa privada. Es la máxima neoliberal de que todo está en el mercado, pero lo que ocultan es que no todos podemos comprarlo en el mercado, con lo que se producirá una fractura social con ciudadanos que pueden pagarse la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, las pensiones, etc… y ciudadanos que quedarán excluidos socialmente y empobrecidos.

En ese momento es cuando el gran edificio del Estado Social se vendrá por sí mismo abajo, habrán conseguido su objetivo, que alcanzaron tras un proceso que comenzó como simples reparaciones en los pequeños ladrillos de la construcción. En esta crisis nada es casual, todo responde a una estrategia neoliberal para desmontar ese modelo social y de derechos. Los muros no han resistido el envite, ni gobiernos ni partidos políticos, que se han mostrado sumisos; ahora lo único que sigue manteniendo en pie el edificio es la resistencia de los trabajadores y sindicatos y de los ciudadanos que no están dispuestos a ceder a este chantaje. Por eso CCOO está en las calles y en las empresas para seguir rechazando este asalto al Estado Social y defender los derechos laborales y sociales de la ciudadanía.

Es el momento de resistir contundentemente los ataques a este edificio sólido que ha dado, y sigue dando, protección a tantas personas en este país, garantizando sus derechos y los servicios públicos de calidad. Es la hora de seguir demostrando a los mercados financieros, a la banca, a la patronal, a la derecha europea y a los gobiernos, que no podrán derribar nuestro modelo social y que existen salidas alternativas a la crisis. Hay que rebelarse y no someterse a estas imposiciones, hay que movilizarse por los derechos conquistados y por el futuro de las próximas generaciones. Nos estamos jugando mucho.