Las medidas de protección para los deudores hipotecarios vulnerables puestas en marcha en 2012 han beneficiado a cerca de 88.000 familias. Entre ellas, el Código de Buenas Prácticas (CBP) ha permitido que 51.071 beneficiarios (hasta octubre de este año) hayan reestructurado su deuda hipotecaria.
En los casi seis años de vigencia del CBP se han realizado 43.607 reestructuraciones viables, 7.456 daciones en pago y 8 quitas. Por su lado, el Fondo Social de Viviendas (FSV) ha permitido la realización de más de 9.000 contratos de alquiler (cierre de 2016) y la moratoria hipotecaria ha propiciado la suspensión de más de 27.800 desahucios (hasta diciembre de 2017).
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado en el Congreso que la reducción de las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual (un 60% menos entre julio y septiembre respecto a un año antes y un 84% menos desde el segundo trimestre de 2014, el punto más álgido) “está siendo espectacular”. De Guindos achaca esta reducción en gran medida a las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo desde 2012 para proteger a los deudores hipotecarios más afectados por la crisis y a la “vigorosa recuperación económica, caracterizada por una intensa creación de empleo”.
