Hace ya 40 años, el 4 de diciembre de 1977, más de un millón y medio de personas se manifestaron por las calles de toda Andalucía reclamando la autonomía. Ese día, la ciudadanía andaluza decidió cambiar su historia y su futuro. Muchas han sido desde entonces las metas alcanzadas, pero todavía quedan muchos retos por lograr. Entre ellos destaca el problema del desempleo, pues la elevada tasa de paro en nuestra Comunidad -una de las más altas de la OCDE- continúa siendo un lastre para nuestro desarrollo económico, el bienestar social y un equilibrio justo.
Es cierto que 2017 ha supuesto un año de crecimiento económico y, lo que es más significativo, se ha creado empleo con poco crecimiento, rompiendo una dinámica conforme a la cual se necesitaban altas tasas de crecimiento económico para la creación de empleo. Sin embargo, tras estas cifras positivas existen algunas realidades difícilmente sostenibles, pues parte del modelo se soporta sobre la competitividad mediante bajos salarios, incrementándose las personas ocupadas pobres con escaso nivel adquisitivo.
2017 era un año con muchas expectativas, pues se suponía que iba a ser un punto de inflexión en la estrategia de desarrollo, logrando competitividad y crecimiento a través de otras vías como la tecnología, la formación y la internacionalización. En este sentido, se han establecido lo que pueden constituir los cimientos para el futuro: la implantación de la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020; el Plan de Acción AndalucíaSmart 2020; la aprobación de diferentes proyectos EDUSI; el inicio -con dos años de retraso- de los programas operativos de Andalucía del FSE y FEDER; y otros programas estratégicos como el POEJ. Aun así, 2017 no ha supuesto ese despegue esperado.
Respecto a las políticas activas de empleo, la mala praxis de unos cuantos oportunistas sin escrúpulos ha motivado que nuestra Comunidad se encuentre todavía enfrascada en problemas judiciales que han puesto en entredicho muchos programas que, cuando han sido bien gestionados, han contribuido a un crecimiento justo y equilibrado, como la formación profesional por empleo. La paralización de los pagos y de las convocatorias, la mala imagen, el descrédito y la desconfianza han provocado el cierre de muchas empresas y centros de empleo. Pero lo peor es que no se ha formado a colectivos de personas desempleadas con más dificultades, devolviendo dinero no ejecutado que había venido a Andalucía a través de los fondos de solidaridad interterritorial, en un escenario donde los nacionalismos dentro de Europa y de España precisamente cuestionan los fundamentos de esa solidaridad.
Considero, por ello, que 2018 debe ser el año en que se aproveche la oportunidad de consolidar una verdadera política activa de empleo en Andalucía, aprendiendo de errores cometidos en el pasado para evitar que se repitan en el futuro. En este sentido, hay que disminuir las dotaciones en proyectos tipo PACA, emple@ joven y emple@ +30, que en estos últimos años han consumido recursos sin incrementar la empleabilidad de sus participantes, pues carecen de medidas reales de orientación, formación e inserción laboral. Su objetivo es, simplemente, ofrecer un empleo temporal de emergencia, vinculando a sus participantes al subsidio sin generarles ninguna expectativa de ocupación estable. Tampoco se deben consumir recursos en una formación que no asegure una mínima calidad y conexión con el mercado laboral. Hay que apostar por los certificados de profesionalidad que regulan la formación no reglada.
Pero esta responsabilidad no puede ser asumida solo por las comunidades autónomas, ya que las administraciones locales y las entidades sociales también gestionan fondos y proyectos de formación y empleo.
Mario Fuentes
Economista
