Muchas personas autónomas y pequeñas empresas han tenido que cerrar sus negocios en los últimos años debido al retraso en el pago de las Administraciones Públicas, particularmente del ámbito municipal y otras muchas estaban en este momento pendientes de tomar esa decisión si no existía una esperanza solvente de que sus certificaciones, facturas o subvenciones pudieran cobrarse en un plazo prudencial.

Sin duda, el acuerdo adoptado hace unos días por el Consejo de Ministros, si las expectativas se cumplen, podrá ser un aspecto positivo para muchas de estas empresa y autónomos, así como un impulso para las inversiones pendientes de realizar o contratación de nuevos trabajadores; para ello, sin embargo, se debe esperar a conocer el diseño de la medida y su extensión, especialmente el coste que para el autónomo tendrá el servicio o préstamo de la entidad financiera.

Desde UPTA-A consideramos que se ha dado un paso importante, al articular la base legal para asumir las deudas pendientes, pero pedimos la máxima urgencia en las decisiones una vez se ha realizado el anuncio y creada la expectación a las empresas. Por otra parte, entendemos que los costes financieros deben ser asumidos por las Administraciones morosas, no por los proveedores.

UPTA-A realizará un seguimiento muy cercano de la aplicación de las medidas, con el fin de evitar nuevos anuncios frustrados, como ya ocurrió con ocasión de la puesta en marcha de la línea ICO para ayuntamientos. En ese caso los responsables municipales no llegaron a hacer uso efectivo de la medida temiendo pasar a ser deudores del ICO y en consecuencia de la Hacienda Central.

Por otra parte, advertimos que muchos autónomos tendrán todavía dificultades para acceder a los pagos, ya que los titulares directos de los derechos de cobro son las empresas contratistas que posteriormente subcontratan autónomos o muy pequeñas empresas para la realización de las obras y servicios. En esta línea, las tres principales organizaciones de autónomos a nivel andaluz presentamos de manera conjunta una serie de reivindicaciones que enviamos a los partidos políticos cara a los comicios en Andalucía, donde se incluía la necesidad de que se haga pública la fecha y la cuantía de esos pagos a proveedores, para que a su vez se les pueda reclamar la cuantía que deben en sus subcontratas.

En otro orden de cosas, aunque en el mismo sentido, mostramos nuestra preocupación por las informaciones contradictorias con las que han abierto recientemente dos diarios económicos sobre la articulación de la Ley de Emprendedores que prepara el Gobierno. El hecho de que un medio asegure que el Gobierno prepara importantes rebajas fiscales para los autónomos, mientras que el otro indica que se retrasan las rebajas fiscales a los autónomos en la Ley de Emprendedores, no parece ser un hecho positivo.

Si no hay una Ley de Emprendedores que regule aspectos fundamentales como el régimen fiscal o la Seguridad Social, el esfuerzo que se ha hecho en comunidades como Andalucía, donde la Ley de Promoción del Trabajo Autónomo, aprobada por unanimidad en el Parlamento el pasado diciembre, no tendría gran recorrido.

No sirve de nada una Ley de Emprendedores si no tiene una memoria y un compromiso, y desde luego que los ajustes por los que estamos atravesando a nivel general no deben tomarse como una excusa para bajar en todo, sino para bajar unas cosas y subir otras, y apoyar al emprendimiento es hoy la prioridad absoluta de cualquier administración pública.